El escándalo por posibles actos de corrupción en el occidente del país sigue creciendo, ahora con el foco puesto sobre la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que en 2024 habría adjudicado más de 2.5 millones de lempiras a dos personas cercanas a la diputada suspendida Isis Cuéllar. La congresista ya enfrenta señalamientos por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Las beneficiarias de los contratos serían Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente directa de Cuéllar, e Iris Paola Pérez Moreno, su cuñada. Ambas recibieron contratos para labores de limpieza de carreteras en el departamento de Copán, pese a haberse presentado previamente como personas vulnerables ante Sedesol y sin acreditar experiencia técnica en el rubro.
Según documentos oficiales, Baquedano obtuvo un contrato por 1.25 millones de lempiras para intervenir 93.97 kilómetros de derecho de vía en la carretera CA-4 y rutas secundarias. Pérez Moreno recibió un contrato por el mismo monto para la limpieza de 104.42 kilómetros.
Las adjudicaciones fueron realizadas mediante contratación directa, un mecanismo legal para compras menores, pero que ha generado cuestionamientos por la aparente falta de idoneidad y un posible conflicto de interés.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la denuncia fue remitida a los fiscales para su análisis. “Son los fiscales quienes tienen la competencia para decidir si amerita abrir una línea de investigación”, indicó.
De momento, solo el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, e Isis Cuéllar enfrentan investigaciones formales. Las demás personas que figuran como beneficiarias de fondos públicos están bajo la categoría de “personas de interés”.
Mora explicó que, al tratarse de información conocida a través de medios de comunicación —la investigación fue publicada por un diario de circulación nacional—, el caso se documenta y se remite para análisis. “Será necesario profundizar, ya que cada caso es particular. Nuestros fiscales determinarán hasta dónde llegar, qué vínculo existe con las personas señaladas y cómo asumir el caso”, precisó.
Por su parte, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que ha iniciado una auditoría especial sobre el posible uso indebido de fondos públicos. La investigación está en curso y se espera un informe con los hallazgos.
