A pesar de la violencia que enfrentan los mexicanos desde hace varios sexenios, la revelación del rancho Izaguirre ha vuelto a conmover a su población. Desde el caso de Ayotzinapa no se había presenciado, de esta manera, la magnitud de su guerra intestina, que ha segado la vida de unas 400 mil personas desde 2006. Ahora, el epicentro del terror se traslada a una comunidad llamada Teuchitlán, en el estado de Jalisco.
En pocas semanas, el rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo del horror. Guardando sus diferencias históricas, es el Auschwitz de la guerra mexicana. Allí, a diferencia de los soldados soviéticos, fueron los propios padres de los desaparecidos de la «guerra contra el narco» quienes sacaron a la luz un centro de reclutamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente la organización criminal más poderosa de México.
En una parcela de más de media hectárea, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró cientos de restos óseos, hornos crematorios, fosas y miles de objetos personales de las supuestas víctimas. La Fiscalía de Jalisco había visitado el lugar en septiembre pasado, pero solo de manera testimonial.
De acuerdo con lo encontrado en el rancho, se presume que allí pasaron muchas de las 30 mil personas asesinadas cada año en México o de las 124 mil registradas como desaparecidas en ese país. Por eso, además de un símbolo del terror, el rancho se ha convertido en una ventana de esperanza para miles de familias que buscan a sus seres queridos.
En Honduras, este caso pasa inadvertido o se reduce a la sección internacional de los medios. Sin embargo, el crimen organizado que azota nuestro país forma parte de una estructura multinacional. Además de lo humano –que no tiene fronteras–, el caso mexicano nos debe importar. Con toda seguridad, por ese rancho o en otros similares pasaron muchos compatriotas migrantes que fueron forzados a trabajar o asesinados por los cárteles mexicanos.
Los comités de familiares de migrantes desaparecidos, cada vez más organizados en Honduras, seguramente siguen de cerca las actualizaciones sobre los objetos encontrados en el rancho de Teuchitlán. A través de una camisa, unos zapatos o un pantalón podrían identificar a sus familiares. Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco ha fotografiado más de 1,300 objetos.
Con un 95% de impunidad en sus crímenes, el caso mexicano tiene varias similitudes con el hondureño. Su mayor diferencia radica en la escala, pero ambos comparten la complicidad entre las autoridades y el crimen organizado. Basta recordar el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández o el narcovideo del cuñado de la actual mandataria.
En México se han registrado 5,600 fosas clandestinas en todo su territorio. En Honduras, si bien no se cuenta con un dato oficial, no significa que el problema no exista.
Según la Secretaría de Seguridad, entre 2004 y 2023 se registraron 90,388 homicidios en Honduras y entre 2017 – 2023, 7,360 personas desaparecieron. No es descabellado suponer que, en un país donde el crimen organizado controla ciertas zonas, también podrían existir lugares similares al rancho Izaguirre.
En México o en Honduras, los gobiernos, sin importar su ideología, deslindan responsabilidades ante el crimen. Así como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum intenta minimizar el número de desaparecidos en su país, en casi cuatro años de gobierno, la presidenta Xiomara Castro no se ha referido a esta problemática en Honduras.
