La decisión del Ministerio Público (MP) de iniciar una investigación contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado un amplio rechazo en diversos sectores políticos y sociales, que acusan al oficialismo de utilizar las instituciones del Estado para manipular el proceso electoral y socavar la democracia de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Uno de los primeros en reaccionar fue el precandidato presidencial y líder opositor del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien calificó la acción como un intento de boicot institucional:
Estamos ante un grave atentado contra la democracia hondureña. Lo que ha hecho hoy el Ministerio Público es un paso más en el plan del oficialismo por cancelar el proceso electoral, evitar la derrota que les espera en las urnas y sumir al país en una dictadura técnica.
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.
Nasralla también advirtió que esta maniobra estaría siendo orquestada desde las más altas esferas del poder, con el fin de perpetuar al actual régimen sin recurrir a la voluntad popular. En su criterio, lo que está en juego no es solo la legalidad del proceso, sino la estabilidad democrática del país.
En una línea similar se pronunció el diputado Jorge Cálix, quien cuestionó la verdadera intención detrás de la intervención del MP y apuntó a una estrategia para impedir la realización de los comicios.
El familión no quiere elecciones. Primero la excusa era el TREP, ahora intervienen el CNE utilizando al Ministerio Público. No quieren elecciones porque su candidata impuesta no levanta y saben que van a perder. Hagan lo que hagan, vamos a tener elecciones el 30 de Noviembre.
Jorge Cálix, diputado en el CN.
Cálix consideró que, pese a las maniobras legales y políticas, el proceso electoral debe continuar y que la voluntad del pueblo se impondrá el día de las votaciones.
La presidenta del CNE, Cossette López, también rompió el silencio ante la polémica. Desde su posición institucional denunció el ambiente de hostilidad y persecución que enfrenta al interior del órgano electoral.
Es insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas. A pesar de las amenazas directas contra mi vida y mi libertad, he permanecido firme en mi compromiso con la ley, el proceso electoral y la democracia. Pero hoy, la amenaza ya no es solo institucional: es personal, y ocurre en absoluto desamparo de legalidad.
Cossette López, consejera presidenta del CNE.
La funcionaria hizo un llamado a que se respete la institucionalidad del CNE, en medio de crecientes presiones que, según ella, ponen en riesgo no solo la independencia del ente, sino también la integridad física de sus miembros.
Desde el exterior, la congresista estadounidense María Elvira Salazar lanzó una dura crítica al gobierno hondureño, al que señaló de manipular las elecciones mediante el uso de cuerpos de inteligencia.
El gobierno liderado por el comunista Manuel Zelaya está utilizando al ATIC para intimidar al Consejo Nacional Electoral y manipular el proceso democrático. Esto es un ataque directo contra la voluntad del pueblo.
María Elvira Salazar, congresista estadounidense.
La legisladora además hizo un llamado a la administración Trump para que emita una advertencia a los actores del actual gobierno hondureño, advirtiendo sobre el riesgo de que el país “caiga en manos del socialismo autoritario”.
Mientras tanto, el fiscal general Johel Zelaya defendió públicamente la actuación del Ministerio Público, aludiendo a presuntas irregularidades internas en el ente electoral.
Hay tres actores importantes que le están haciendo caso a grupos externos, pero los que van a pagar son ellos. Debe haber un TREP, pero en el marco legal.
Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público.
Zelaya también señaló que el cronograma electoral lleva un mes paralizado, lo que justificaría la intervención para reencauzar el proceso conforme a la legalidad.
Desde las filas del oficialismo, el ex canciller Enrique Reina, ahora parte de la fórmula presidencial del Partido Libre, acusó al bipartidismo de promover una narrativa mediática que distorsiona los hechos y busca proteger a los responsables de amenazas dentro del CNE. Según él, las acusaciones contra el partido de gobierno responden a una estrategia para encubrir el desgaste y desesperación de la oposición.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también se pronunció mediante un comunicado en el que pide respeto a la independencia del CNE. Su director ejecutivo, Armando Urtecho, expresó que el MP está excediendo sus funciones:
El MP no es autoridad electoral, ellos no pueden decir que van a dar elecciones, es el CNE, se están confundiendo los roles de la institución.
Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.
Desde la oposición, el Partido Nacional, por medio de su dirigente Tomás Zambrano, advirtió que lo que se pretende es desmantelar el CNE para garantizar la continuidad del poder.
Libre quiere inhabilitar a los consejeros y suplentes del CNE para seguir gobernando.
Tomás Zambrano, miembro del Partido Nacional.
La intervención del MP ha encendido las alarmas en todos los frentes, mientras el país se adentra en una campaña electoral marcada por la desconfianza, la polarización y el riesgo de que las instituciones encargadas de garantizar el sufragio libre y transparente se vean debilitadas por intereses políticos.
