Este mes ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las mujeres en el sistema político hondureño. Además de que se cumplen 70 años desde que se ratificara su derecho a votar y a ser electas, un día antes de las próximas elecciones primarias e internas del 9 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha cada vez más importante para promover su participación política.
Desde el reconocimiento sufragista en 1954, el movimiento feminista ha logrado importantes avances en la adopción progresiva de una legislación que permite a las mujeres participar en la vida política del país, en teoría, en igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, la brecha aún es significativa.
De los 5,8 millones de votantes registrados para ejercer el sufragio en las próximas elecciones primarias e internas, se estima que 54% son mujeres. Sin embargo, su presencia como precandidatas es menor, representando el 30% de los aspirantes presidenciales, el 47% de quienes pretenden una diputación y el 22% de las alcaldías.
Aunque ningún nivel electivo alcanza la paridad entre hombres y mujeres, por mínimos que sean, estos porcentajes eran impensados hace algunas décadas. Para el caso, las mujeres esperaron hasta 1982 para que una de ellas fuera electa para administrar una alcaldía en Honduras. Es decir, al menos en los comicios primarios, el sistema de cuotas da ciertos resultados.
Sin embargo, el aumento de la participación política de las mujeres enfrenta patrones machistas de larga data. Desde el retorno al orden democrático en 1981, solo el 14.9% de los escaños en el Congreso Nacional ha sido ocupados por mujeres. Desde 2001, apenas el 7.1% de los gobiernos municipales ha sido dirigidos por mujeres.
A pesar de que en las últimas elecciones se eligió a la primera mujer presidenta del país, las mujeres diputadas apenas alcanzaron el 27% del Congreso Nacional y el 5.3% de los 298 gobiernos municipales. Depende cómo veamos el vaso podremos dimensionar el avance. Por ejemplo, en 2002, las mujeres representaron el 7% de los curules, pero el 9.7% de las alcaldías.
El proceso electoral del 2021 también demostró que la participación de las mujeres en los procesos primarios e internos no asegura nada para ellas. Ese año, de las 876 precandidatas a diputaciones, solo 35 fueron electas; de las 878 precandidatas como alcaldesas, apenas 16 lograron el puesto.
En su caso, la mandataria Xiomara Castro se sumó a un reducido grupo de mujeres que han sido elegidas presidentas en América Latina. Hasta ahora, son apenas ocho. Otras lo heredaron por vías no democráticas.
Tampoco se puede ocultar que, cuatro de las mandatarias electas construyeron su perfil político de la mano de un caudillo, como Violeta Barrios de Chamorro, Mireya Moscoso, Cristina Fernández de Kirchner o Xiomara Castro de Zelaya, todas emparentadas con expresidentes hombres. Las mismas Claudia Sheinbaum o Dilma Rousseff seguramente no habrían sido presidentas sin tener atrás a López Obrador o Lula da Silva.
Independientemente de cómo alcanzaron el poder Ejecutivo, las presidentas latinoamericanas recibieron o enfrentan ataques por el hecho de ser mujeres. No cabe duda. Aunque también hay que aceptar, que son pocas las que impulsaron o promueven una verdadera agenda a favor de las mujeres.
Lastimosamente para la democracia hondureña, Xiomara Castro se encuentra dentro del grupo de las mandatarias que adolecen de un verdadero compromiso con las mujeres, más allá de las promesas. Nadie puede negar que, es más fácil encontrarse a la presidenta en una iglesia que verla recibir a un colectivo de feministas en su despacho.
Actualmente, solo once mujeres dirigen alguna de las treinta secretarías. Más lacerante aún para su género, fue cuando la misma presidenta vetó la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, la cual ya había sido aprobada en el Congreso Nacional.
Tampoco la Ley de Violencia Política contra las Mujeres, ni la Ley Especial Integral Contra la Violencia a Mujeres, se aprueban dentro de un Congreso Nacional, que en la práctica es un tramitador del Ejecutivo. Estos son apenas dos ejemplos de algunas medidas que la presidenta Castro podría haber impulsado.
Al igual que la mandataria, dentro de las miles de mujeres que participarán en las próximas elecciones primarias e internas, seguramente son contadas quienes tengan una verdadera conciencia de género; lo más conveniente para la mayoría, es no oponerse a la cultura dominante y machista de sus propios partidos.
Lo anterior es tan cierto como decir que todas las precandidatas, con o sin un compromiso feminista, enfrentan un sistema político y social que no promueve ni defiende sus derechos para competir en igualdad de condiciones que los hombres.
