Una coalición de fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó formalmente al Congreso la prohibición del uso de máscaras y vestimenta de civil por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos en espacios públicos. Esta petición se fundamenta en la preocupación por la falta de identificación visible de los agentes, lo que, según los fiscales, genera temor y confusión en las comunidades donde actúan.
En una carta enviada a los legisladores, los fiscales expresaron que estas tácticas dificultan la rendición de cuentas y entorpecen la supervisión ciudadana. Señalan que el uso de máscaras y vehículos no marcados crea incertidumbre, y puede impedir que testigos o transeúntes reconozcan correctamente a los oficiales, lo que en algunos casos podría ser interpretado como secuestros o actos ilegales.
El grupo de fiscales insta al Congreso a legislar para que los agentes del ICE se identifiquen claramente en todas sus acciones de cumplimiento de la ley civil. Esto incluye mostrar su nombre o las siglas de la agencia, para garantizar transparencia y facilitar que la población denuncie conductas indebidas. Esta medida busca restablecer la confianza pública en las operaciones migratorias.
Entre los estados que forman parte de esta coalición se encuentran California, Massachusetts, Arizona, Colorado, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. La iniciativa refleja un creciente descontento con las prácticas actuales del ICE, que se han visto envueltas en críticas por su impacto en la seguridad y los derechos de las comunidades.
Esta solicitud ocurre en un contexto en el que la supervisión y la transparencia en las acciones de las autoridades se vuelven temas de gran relevancia. La demanda de los fiscales generales subraya la importancia de que los cuerpos de seguridad actúen bajo estrictos controles y respeto a la legalidad, para proteger tanto a la población como la integridad de los procesos migratorios.
