El bloque opositor, conformado por diputados del Partido Liberal y el candidato presidencial Salvador Nasralla, anunció este jueves una ofensiva legislativa para exigir el inicio de un juicio político contra la congresista Isis Cuéllar, del Partido Libertad y Refundación (Libre), a quien señalan de estar implicada en el uso irregular de recursos públicos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Los parlamentarios denuncian que los fondos fueron desviados para actividades proselitistas, específicamente para financiar la campaña política de la también dirigente de Libre, Rixi Moncada. Según los denunciantes, se habría implementado una red de emisión y cobro de cheques, cuyos montos terminaron depositados en cuentas asociadas al partido oficialista, en un claro desvío de recursos públicos.
La bancada liberal considera que el Ministerio Público ha mantenido una postura de complicidad silenciosa al no actuar con contundencia frente a lo que califican como un “descarado desfalco”. Por ello, argumentan que el Congreso Nacional debe asumir su responsabilidad constitucional y avanzar con un juicio político que obligue a Cuéllar a rendir cuentas ante la justicia.
“Queremos que se identifique a los autores materiales e intelectuales de este esquema de corrupción. Queremos saber quiénes dieron la orden de utilizar a Sedesol como un brazo financiero de la campaña de Libre. El pueblo exige justicia”, reclamaron los congresistas en conferencia de prensa.
En paralelo, se presentó formalmente ante el Congreso una solicitud de juicio político, sustentada en los delitos de injuria y calumnia, atribuidos a la diputada Cuéllar por supuestas declaraciones falsas contra miembros del Partido Liberal.
Por su parte, el diputado Jorge Cálix advirtió que el proceso puede prolongarse, pero afirmó que no descansará hasta que Cuéllar enfrente consecuencias legales. “Mintió pensando que me quedaría callado”, dijo. “En cinco meses habrá un presidente que no proteja a los corruptos”, añadió, en clara alusión al escenario político de 2025.
La iniciativa marca un nuevo episodio de confrontación entre las fuerzas opositoras y el oficialismo en medio de crecientes denuncias sobre el uso de instituciones públicas para fines políticos.
