La comunidad hondureña en Estados Unidos vive días de tensión e incertidumbre ante la proximidad del 5 de julio, fecha clave para conocer si se renovará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), del que dependen alrededor de 55,000 connacionales. El temor a una suspensión definitiva crece, especialmente por la política migratoria de “cero tolerancia” que impulsa el presidente Donald Trump.
El TPS ha sido un alivio legal para miles de migrantes que no pueden regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Para los hondureños, esta protección fue concedida en 1998, tras la devastación causada por el huracán Mitch. Desde entonces, muchas familias han hecho vida en EE. UU. bajo este amparo legal que les permite trabajar y evitar la deportación.
Sin embargo, el panorama se ha vuelto sombrío luego de que el gobierno estadounidense anunciara recientemente la terminación del TPS para más de 520,000 ciudadanos haitianos, instándolos a regresar a su país antes del 2 de septiembre. Esta decisión se suma al fallo de la Corte Suprema, en mayo pasado, que avaló la cancelación del TPS para los venezolanos, lo que ha generado alarma entre otras comunidades beneficiadas por el programa.
Durante su primer mandato, Trump ya había intentado acabar con el TPS para migrantes de países como El Salvador, Nicaragua, Nepal, Sudán y Honduras. Aunque entonces encontró obstáculos legales, su nueva administración parece decidida a limitar drásticamente este beneficio humanitario.
Mientras no se emita un pronunciamiento oficial sobre la renovación del TPS para Honduras, miles de migrantes viven en un limbo legal, temiendo la posible ruptura de familias y el desarraigo de un país en el que han construido su hogar por más de dos décadas.
