El diputado Jorge Cálix presentó este viernes una querella contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por los delitos de injuria, difamación y calumnia, tras haberse cumplido el plazo que él mismo dio públicamente para que se presentaran pruebas que respalden la supuesta entrega de 6.5 millones de lempiras en fondos sociales.

La acción legal se oficializó luego de que Redondo publicara en la red social X una serie de documentos donde señalaba a Cálix como beneficiario de seis subvenciones, incluyendo formularios de solicitud con su firma y un cuadro que registra la emisión de seis cheques por un total de 1.5 millones de lempiras. A criterio del diputado liberal, el titular del Legislativo “inventó” la cifra y no ha mostrado rastro alguno que compruebe que ese dinero fue entregado a su nombre o gestionado por él ante la Secretaría de Gobernación.

“Te quedan 15 horas”, advirtió Cálix a Redondo en sus publicaciones previas, en las que además lo emplazó a presentar evidencias antes de las 8:00 a. m. de este viernes 4 de julio. Al vencerse el plazo sin respuesta, el parlamentario anunció la presentación de la querella ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante sus declaraciones públicas, Cálix acusó a Redondo y al oficialismo de intentar desviar la atención con montajes políticos. “No te tengo miedo ni a vos ni al familión”, expresó, al tiempo que recordó que si él o Redondo hubieran aparecido en un video vinculado al narcotráfico, ya estarían presos, pero otros, aseguró, siguen blindados por “un manto de impunidad”.

El congresista también advirtió que esta situación no quedará impune. “Hoy gozan de protección, pero eso termina el 30 de noviembre”, afirmó, en referencia al cambio de autoridades legislativas y en respaldo a Salvador Nasralla, a quien responsabiliza Redondo de apoyar a los diputados liberales mencionados en la lista.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la creciente tensión dentro del Congreso Nacional, donde continúan saliendo a la luz documentos relacionados con el manejo opaco del Fondo Social, mientras crecen las exigencias por rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos públicos.

En su publicación inicial, Redondo incluyó una lista en la que 28 diputados liberales, incluido Cálix, habrían gestionado asignaciones del Fondo Social entre 2022 y 2024. Entre ellos figuran nombres como Ricardo Elencoff, Yahvé Sabillón, Gloria Bonilla, Valeska Valenzuela, Kathia Crivelli, Mauricio Rivera, Mario Segura, Érika Urtecho y Leonel López.

Las solicitudes habrían sido tramitadas a través de diferentes instituciones del Estado, y aunque varias de ellas fueron parcialmente liquidadas, persisten dudas sobre el destino final de los fondos y la legalidad del procedimiento. La mayoría de estos parlamentarios no se han pronunciado públicamente tras la publicación del listado.

La controversia reaviva el debate sobre el uso de fondos departamentales y subvenciones legislativas, un sistema que históricamente ha sido utilizado con discrecionalidad, sin los controles necesarios, y que ahora enfrenta crecientes cuestionamientos públicos y jurídicos.

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