La principal diferencia entre una promesa y una amenaza es que la primera suele motivar mediante la oferta de una recompensa, mientras la segunda utiliza el miedo como herramienta de control. El presidente Donald Trump, con sus posturas antidemocráticas y confrontativas, intenta demostrar que gobernar con amenazas puede ser su forma para cumplir sus promesas. Un ejemplo reciente es el acuerdo firmado con Ucrania para explotar sus minerales estratégicos.
Pero si algo no se le puede reprochar al mandatario estadounidense, es no esconder sus amenazas, porque se puede pensar que peor sería que las ejecutara por sorpresa. Desde su campaña anunció que, de volver al poder, sería más autoritario y conservador. Y aquello no era un fake news, un bulo como dicen en España. Su plan de gobierno fue también un llamado mundial a tomar las medidas de contención necesarias.
Trump regresó a la Casa Blanca a sus 78 años con un plan: completar lo que no realizó en su primer periodo e incluso ampliar los límites de su proyecto –hasta donde se lo permitan– ultraconservador. Afortunadamente, aún existen contrapesos legales e internacionales que intentan limitar o moderar su alcance. Sin embargo, en tan solo cien días, como un caprichoso multimillonario, ya ha logrado alterar el comercio internacional y desestabilizar el orden mundial.
Desde su toma de posesión en enero, el mandatario ha firmado 141 órdenes ejecutivas. Varias de ellas impactan directamente a Honduras en los ámbitos económico, migratorio y de seguridad. Entre las medidas más relevantes se encuentran la amenaza de las deportaciones masivas, la guerra arancelaria, el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su política contra el crimen organizado.
Paradójicamente, las cifras aún no reflejan el cumplimiento total de sus amenazas xenófobas. Entre enero y abril, se deportaron 8,741 hondureños, lo que equivale a un promedio diario de 95 retornos diarios. Si esta tendencia se mantiene, el año cerraría con unos 35 mil compatriotas devueltos, una cifra menor a las 55 mil anuales durante el gobierno demócrata de Joe Biden. En este sentido, la amenaza de las deportaciones, por ahora, sigue siendo más narrativa que efectiva.
No ocurre lo mismo con otras medidas para disminuir el flujo migratorio. En 2024, un promedio mensual de 8,533 hondureños fue arrestado al intentar cruzar la frontera. Sin embargo, en marzo pasado, esa cifra cayó a 376 compatriotas detenidos por la Patrulla Fronteriza (USBP). De las 7181 personas capturadas ese mes en la frontera sur de EE UU, 5.2% eran hondureños. Dicho lo anterior, se podría decir, que las amenazas del republicano han bastado para que menos hondureños intenten migrar al norte.
Esta caída migratoria no es producto de las políticas del gobierno hondureño, quien en ningún momento busca frenar el éxodo de su población. Que disminuya es producto del efecto sicológico del discurso antinmigrante trumpista, el temor a ser capturado en la frontera, o peor aún, el miedo a enfrentar el terror de las organizaciones criminales mexicanas en el camino. Todas estas razones son más poderosas que cualquier invitación hondureña para quedarse.
Con las remesas como principal preocupación, el gobierno de Xiomara Castro celebra la reducción de las deportaciones, pero seguramente, observa con preocupación que con la disminución del éxodo –sostén de la economía hondureña–, el envío de dinero no aumentará en lo que resta del año, en el último de su mandato. Cabe recordar que, en 2024, las remesas representaron el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.
Aún está por definirse si el gobierno estadounidense extenderá en julio el Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a unos 50 mil hondureños, el 5% de su población en ese país. De no lograrse una ampliación, Honduras podría enfrentarse a un nuevo escenario de deportaciones masivas, porque quienes dependían de un hilo caerían a la deriva.
A su regreso, Trump también intensificó su guerra comercial, argumentando que el mundo –sí, incluido Honduras– «estafa a Estados Unidos». Como represalia, impuso un arancel del 10% a este país centroamericano (la media latinoamericana), provocando de inmediato, un impacto negativo en la producción nacional, la cual en 2024 exportó 5,809 millones de dólares a Estados Unidos, ocupando la décima posición de las relaciones comerciales de ese país con el resto de los países del continente.
Entre los principales productos afectados por los aranceles, se encuentra la producción maquilera. Como es de prever, el impacto recaerá sobre todo en los empleados pobres de este sector, unas 155 mil personas que, en su mayoría, sobreviven con salarios precarios. Porque con un patrimonio de unos 60 mil millones de lempiras, familias como la Canahuati –principal consorcio maquilero–, podrán ver disminuidos sus ingresos, pero no pasarán hambre como consecuencia de la guerra comercial de Trump.
Otro impacto directo al país ha sido el cierre de USAID, quien tenía previsto invertir 180 millones de dólares en 2025; esa agencia que en los tres años del gobierno de Xiomara Castro destinó 575 millones de dólares en este país centroamericano, el tercero más pobre de América.
A pesar de su impacto en la vida de miles de hondureños, el gobierno de Castro celebró el cierre de las operaciones de USAID, porque dejó de subvencionar organizaciones y medios de comunicación que el oficialismo considera críticos con su administración. A raíz de esta decisión, el vicecanciller Gerardo Torres incluso comentó que las relaciones entre Honduras con el gobierno de EE.UU., son mejores que las que había con el expresidente Joe Biden.
Sin embargo, se estima que, la decisión de Trump al cerrar USAID provocó la pérdida de unos 20 mil empleos directos en el país, y otros miles indirectos. Considerando que en 2024 apenas se generaron 86 mil nuevos empleos en Honduras, su cancelación tiene un impacto significativo.
Por último, destacan las políticas de seguridad de la administración de Trump, la cual hace unos meses acordó con el gobierno de Honduras mantener el tratado de extradición, después de que la administración de Castro amenazara de retirarse por supuestos planes de un «complot» en su contra orquestado desde Washington, el que supuestamente incluyó la difusión del narcovideo de su cuñado.
El gobierno de Trump también designó a la Mara Salvatrucha como uno de los ocho grupos criminales latinoamericanos en la lista de organizaciones terroristas. Sin datos exactos, se estima que actualmente las maras y pandillas tienen unos 40 mil miembros en Honduras, involucrados en el tráfico de drogas y personas, la prostitución, el asesinato y la extorsión, entre otras actividades delictivas.
Catalogar esta pandilla como terrorista permite a Estados Unidos llevar a cabo acciones militares, políticas y económicas contra sus miembros, así como contra sus socios y cómplices fuera del territorio estadounidense. Aunque hasta la fecha, ha sido la organización venezolana del Tren de Aragua la más atacada desde esa decisión.
Sí, los primeros cien días de Trump han sido parcialmente negativos para Honduras, aunque tal vez este primer corte de caja no trajo consecuencias tan graves como se pensó –y no por las mismas razones celebradas por el gobierno de Castro–. Eso sí, aún faltan varios años para realizar un balance final detallado.
En resumen, el famoso refrán de que «cuando Estados Unidos tose, Centroamérica se resfría» sigue siendo relativamente vigente para millones de ciudadanos que viven en el Honduras de «acá o en el de allá». Pero también es cierto que no necesitamos una gripe extranjera para enfermarnos, con las propias es suficiente.
