Tegucigalpa, 13 de agosto de 2025 – El fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, advirtió este miércoles que las investigaciones sobre el desvío de recursos del Fondo Departamental, ahora conocido como Fondo Social, enfrentan bloqueos sistemáticos en el sistema judicial, a pesar de que más de 200 diputados y exdiputados estarían implicados.
Santos detalló que los señalados incluyen legisladores actuales y anteriores, propietarios y suplentes, presuntamente involucrados en la apropiación de fondos públicos creados por el Congreso Nacional. “Algunos 200, aunque pueden ser más —menos no lo creo— están bajo investigación”, señaló.
El fiscal explicó que varias diligencias han sido frenadas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante recursos legales y amparos, lo que impide avanzar con la recopilación de pruebas, como el vaciado de información de teléfonos y declaraciones anticipadas de testigos protegidos. “En amparo allí los casos duermen el sueño de los justos”, afirmó Santos.
Durante la colaboración con la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), se identificaron cerca de 300 personas vinculadas a estas maniobras ilícitas, incluyendo diputados y exdiputados, lo que evidencia la magnitud de la presunta red de corrupción.
El exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, calificó las declaraciones de Santos como “impactantes” y advirtió que no se cumplen las expectativas de lucha contra la corrupción prometidas por el actual gobierno. Asimismo, solicitó que se investigue el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el que estarían implicados la diputada suspendida de Libre, Isis Cuéllar, y el exministro José Carlos Cardona, por presunto uso indebido de fondos públicos con fines políticos en Copán.
Por su parte, el embajador de Honduras en Corea del Sur, Rodolfo Pastor Fasquelle, criticó al Ministerio Público por no contar con la capacidad de enfrentar lo que calificó como “una corrupción monstruosa”.
Las denuncias de Santos evidencian la persistente dificultad de la justicia hondureña para avanzar en casos de alto impacto que involucran a funcionarios y exfuncionarios, generando un debate sobre la eficacia del sistema judicial frente a redes de corrupción dentro del Congreso Nacional.
