Tegucigalpa, 8 de agosto de 2025 — La propuesta legislativa estadounidense conocida como Ley para Mantener los Centros de Llamadas en América 2025, impulsada por los senadores Rubén Gallego y Jim Justice, podría poner en jaque un sector clave de la economía regional: el BPO (Business Process Outsourcing) o externalización de procesos de negocio. Honduras, junto a otros países de Centroamérica, podría enfrentar la pérdida de miles de empleos en este ámbito.
El BPO incluye principalmente servicios como atención al cliente por teléfono, chat o redes sociales, soporte técnico, gestión administrativa, procesamiento de datos y servicios de ventas o cobranzas. En América Central, estas actividades suelen atender a clientes internacionales, especialmente de Estados Unidos, y representan una importante fuente de empleo formal, divisas y dinamismo económico local.
La legislación propuesta en EE. UU. pretende reactivar el empleo doméstico mediante el requerimiento de avisos previos para trasladar servicios al extranjero, impedir que empresas fuera del país accedan a subvenciones o contratos federales, y exigir transparencia sobre la ubicación del centro de atención al cliente. Este conjunto de medidas busca reprimir la externalización, aunque deja en el limbo a países como Honduras que han desarrollado centros de atención competitivos en términos de costos y calidad.
Aunque no existen datos específicos disponibles sobre el número exacto de trabajadores del BPO en Honduras, este sector ha sido reconocido como un motor de desarrollo regional, especialmente al generar oportunidades de empleo para jóvenes y profesionales bilingües o técnicos, y al atraer inversión extranjera directa.
La aprobación de esta ley podría alterar significativamente la estructura de la industria de servicios en el istmo, forzando a compañías estadounidenses a reconsiderar su estrategia de ubicación y posiblemente reubicar parte de su fuerza laboral en suelo estadounidense, afectando cadena de valor y el mercado laboral centroamericano. (Latitudhn)
