A medida que se aproxima la fecha límite para una nueva decisión sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños, el silencio del gobierno de Estados Unidos podría traducirse en una prórroga automática de esta medida migratoria. Desde la Cancillería hondureña se percibe un ambiente de expectativa positiva, aunque con cautela, dadas las políticas migratorias restrictivas impulsadas por la administración de Donald Trump.
La decisión final está en manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que evalúa si persisten las condiciones que originalmente justificaron el otorgamiento del TPS: pobreza, violencia e impactos severos del cambio climático en Honduras. Según la normativa estadounidense, si no se emite una resolución oficial antes del vencimiento del periodo actual, el estatus se renovaría automáticamente por 18 meses.
Cancillería ha confirmado que continúa realizando gestiones activas para garantizar la extensión del programa, que actualmente beneficia a más de 76,000 hondureños, quienes han podido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos desde que se otorgó el TPS tras el paso del huracán Mitch en 1998.
Sin embargo, el panorama es incierto. Las políticas migratorias de la actual administración estadounidense han endurecido el trato hacia los migrantes indocumentados y han puesto en pausa cualquier avance hacia una reforma migratoria integral. En este contexto, miles de hondureños siguen sin garantías sobre su futuro.
Organizaciones proinmigrantes han reiterado su llamado al gobierno de EE. UU. para no solo renovar el TPS, sino también establecer vías permanentes de regularización migratoria. Aunque una extensión automática aliviaría temporalmente la ansiedad de los beneficiarios, también refleja la fragilidad de depender de una figura legal sujeta a vaivenes políticos.
