Tras años de relaciones distantes y, en ocasiones, tensas, el Gobierno de Honduras y la empresa privada se sentaron este lunes en la misma mesa, impulsados por un problema común: la creciente deportación de migrantes hondureños desde Estados Unidos.
El encuentro, encabezado por el canciller Enrique Eduardo Reina y la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, marcó un giro en la dinámica entre el sector público y privado, que había sufrido un notable enfriamiento desde 2022, cuando la administración de Xiomara Castro derogó la polémica “Ley de Empleo por Hora”.
La deportación masiva de migrantes hondureños ha puesto en evidencia la fragilidad del mercado laboral del país. Con una población de alrededor de 10 millones de habitantes, de los cuales más del 60 % vive en condiciones de pobreza, Honduras enfrenta desafíos estructurales como el desempleo, la inseguridad y los bajos salarios, factores que continúan impulsando la migración.
Durante la reunión, se discutió la implementación del programa gubernamental “Hermano, hermana, vuelve a casa”, diseñado para ofrecer oportunidades a los deportados. Según Reina, este plan busca generar empleos y apoyar la reintegración de los migrantes retornados. Además, destacó una reducción en las cifras de deportaciones en comparación con administraciones anteriores:
“En los tres años que lleva la presidenta Castro en el poder, hemos recibido 150.000 personas deportadas por vía aérea y terrestre, una cifra significativamente menor frente a los 319.000 retornados solo en 2021”, señaló.
Como parte de la estrategia para abordar la crisis migratoria, el Gobierno anunció el fortalecimiento de su red consular, con la apertura de nuevos consulados en Estados Unidos, México y Canadá.
“Queremos garantizar un mejor acompañamiento a nuestros compatriotas en cualquier proceso migratorio”, subrayó el canciller.
Por su parte, la presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, destacó la necesidad de transformar la crisis en una oportunidad para el desarrollo económico del país.
“Honduras cuenta con los recursos necesarios para potenciar su crecimiento. Desde el COHEP manifestamos nuestro compromiso de trabajar junto al Gobierno para generar empleo y desarrollo”, afirmó.
En la reunión también participaron el secretario de Trabajo, Wilmer Fernández; el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz; y el titular del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), Denis Corrales, quienes coincidieron en la urgencia de implementar políticas que fomenten la empleabilidad y el emprendimiento.
A pesar de los esfuerzos, el panorama sigue siendo incierto. Las autoridades hondureñas estiman que miles de sus ciudadanos podrían ser deportados durante la actual administración estadounidense. No obstante, el flujo de remesas familiares, que en 2024 alcanzó cerca de 10.000 millones de dólares, continúa siendo un pilar fundamental para la economía hondureña, reflejando la magnitud de la diáspora y la dependencia del país de estos ingresos.
El desafío ahora es claro: transformar el retorno forzoso de miles de hondureños en una oportunidad para reconstruir el tejido económico y social del país, un objetivo que requiere, más que nunca, la colaboración entre el Gobierno y la empresa privada.
