El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha destapado un escándalo de corrupción en el que se desviaron más de 143 millones de lempiras de fondos públicos entre 2016 y 2017, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Este caso, denominado “Helios”, involucra a 15 personas acusadas de fraude y lavado de activos.
Entre los principales señalados se encuentra José Octavio Godoy Urbina, exfuncionario de Casa Presidencial y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), señalado como pieza clave del esquema corrupto. Además, se ha detenido a Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante.
Según las investigaciones, Godoy Urbina aprovechó su posición para coordinar la creación de empresas de maletín bajo el rubro de publicidad y comunicaciones. Estas compañías ficticias emitieron 144 cheques que fueron depositados en cinco cuentas bancarias vinculadas a las mismas empresas, permitiendo el desvío de fondos públicos.
Posteriormente, el dinero era retirado en efectivo por los acusados, quienes también realizaron transferencias sin justificación hacia cuentas de terceros. Parte del plan habría sido facilitado con información proporcionada por Hilda Rosario Hernández, hermana del expresidente y exministra de Comunicaciones.
En respuesta, el MP solicitó el aseguramiento de nueve sociedades mercantiles, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos de varias cuentas bancarias. Además, el Ministerio Público destacó que esta investigación es parte de un esfuerzo más amplio por desmantelar las redes de corrupción que operaron durante la administración de Juan Orlando Hernández. Según las autoridades, estos esquemas no solo afectaron las finanzas públicas, sino que también limitaron la capacidad del Estado para responder a necesidades sociales prioritarias, ampliando el impacto negativo sobre la población hondureña.
El caso “Helios” refleja nuevamente la magnitud de la corrupción en los más altos niveles de gobierno, con el apoyo de estructuras internas en Casa Presidencial y otras instituciones clave. La UFERCO reafirma su compromiso de investigar y judicializar a los responsables de estos delitos contra el erario público.
