Por: Edgardo Mejía
La violencia doméstica sigue siendo una de las problemáticas sociales más urgentes en la República de Honduras. A pesar de los avances alcanzados en legislación, sensibilización y programas comunitarios, todavía persisten patrones de abuso físico, psicológico, sexual y económico en el ámbito familiar. Enfrentar esta realidad requiere de un compromiso colectivo que involucre a la ciudadanía, las instituciones y las comunidades en la prevención y atención integral de los casos.
El primer paso hacia la erradicación de la violencia es promover la educación y la igualdad desde el hogar. La formación en valores como el respeto, la empatía y la equidad de género ayuda a niñas, niños y jóvenes a construir relaciones sanas y libres de agresión. Enseñar que los conflictos pueden resolverse mediante el diálogo fortalece los vínculos familiares y previene la reproducción de comportamientos violentos en las nuevas generaciones.
Otro aspecto fundamental es romper el silencio. Muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica o estigmatización social. La comunidad puede ser clave al ofrecer acompañamiento y apoyo sin juzgar. Denunciar ante las autoridades competentes, como el 911 o el Ministerio Público, puede salvar vidas. Ninguna persona debería enfrentar sola el proceso de denuncia ni la recuperación posterior a un episodio de violencia.
Finalmente, es esencial fortalecer las redes de apoyo comunitario. Los comités vecinales, asociaciones de mujeres, grupos religiosos y organizaciones locales pueden funcionar como espacios de contención, información y prevención. Un vecindario atento y solidario puede identificar señales tempranas de abuso y actuar a tiempo para proteger a las víctimas. La violencia doméstica no es un asunto privado, sino una responsabilidad social que requiere empatía, acción y compromiso. Cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento y cada denuncia son pasos firmes hacia una Honduras más segura y justa.
