Pocas personas recordarán que previo a las elecciones del 2013, el padre Fausto Milla le exigió al Ministerio Público investigar al movimiento 28 de Junio (M-28) del Partido Libertad y Refundación (Libre), por la presunta inclusión de narcotraficantes de «alto vuelo» en sus planillas de Copán y Ocotepeque.
El sacerdote conocía de cerca estos departamentos, sus bondades e infiernos. El Partido Libre tampoco le era ajeno, había sido una voz enérgica en occidente contra el golpe de Estado de 2009. Pero la expectativa por un país más justo no enceguecía sus principios, desde su trinchera advertía que los viejos o nuevos partidos políticos se contaminaban con el crimen organizado.
La denuncia de Milla no trascendió, pero el juicio contra Juan Orlando Hernández le dio la razón. También tomó vigencia cuando doce años después apareció el video del excoordinador del M-28, Carlos Zelaya, negociando con algunos narcotraficantes de gran escala, un apoyo financiero para la campaña presidencial del 2013 de su cuñada, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.
Recientemente, el fiscal general Johel Zelaya se refirió al video del hermano del expresidente Manuel Zelaya, escándalo que desencadenó en la ruptura del tratado de extradición, aduciendo que el caso se volvía más «un tema político» y que por tratarse de 2013, es difícil descubrir la verdad.
Lo señalado por el fiscal general sugiere que no habrá acciones judiciales.
La fecha del video no es un argumento convincente para engavetar el caso, tribunales en Estados Unidos sentenciaron a políticos hondureños con pruebas aún más remotas. Más bien, su declaración revela lo que puede esperar la sociedad hondureña de la justicia hondureña después de la anulación del tratado de extradición el próximo 28 de febrero.
A pocas semanas para que se realicen las elecciones primarias e internas, el mensaje del fiscal general tampoco abona para transparentar el financiamiento de los partidos políticos. De los casi seis mil precandidatos inscritos, apenas 891 han acreditado sus cuentas bancarias ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
Lo anterior confirma que ningún político le tema a una UFTF que es debilitada de forma sistemática. Tampoco a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), a quien se le redujo 13% su presupuesto para el 2025. Dos «elefantes blancos» que carecen de colmillos para enfrentarse a los lobos.
La gran mayoría de los precandidatos prefiere enfrentar multas y sanciones que mostrar sus cuentas. Informar sobre el origen de sus montos es aún más inusual. De acuerdo con la Unidad de Política Limpia, en las pasadas elecciones, 76% de las aportaciones recibidas por el Partido Liberal provino de fuentes desconocidas, el 50.5% en el Partido Nacional y 40.7% del presupuesto de Libre.
A pesar de ignorar si los narcotraficantes realmente entregaron el dinero pactado, el escándalo de Carlos Zelaya fue una muestra casi pedagógica para intuir quiénes pueden ser esas «fuentes desconocidas».
SI la UFTF es incapaz de exigir transparencia en los partidos políticos, al menos que muestre quiénes son los políticos que niegan mostrar sus cuentas y el origen de ellas. Así, el votante decidiría si confía o no en alguien que encubre a sus «padrinos».
Dicho lo anterior, es un buen momento para recordar al padre Fausto Milla. Su filosofía sobre la medicina natural, considerada como un medio de los pobres para curarse con sus propios recursos, se puede trasladar a la arena política.
Que los políticos oculten su financiamiento es como un medicamento que esconde su composición. ¿Quién se lo tomaría?
