La corrupción en Honduras es un problema histórico que se remonta a la época colonial y ha permeado todas las esferas de la sociedad. Desde la repartición de tierras y privilegios entre élites criollas en los siglos XVIII y XIX hasta los escándalos actuales que involucran a figuras políticas y empresariales, el país ha sido testigo de una constante erosión de sus instituciones debido a la corrupción.
Uno de los primeros casos emblemáticos fue el fallido proyecto del ferrocarril a finales del siglo XIX y principios del XX. Los rieles oxidados en la zona norte del país simbolizan no solo la mala gestión de recursos, sino también la impunidad con la que se manejaron fondos públicos, un patrón que se ha repetido con múltiples proyectos en la historia reciente. Desde entonces, la mala administración y la falta de rendición de cuentas han debilitado las instituciones estatales, permitiendo la consolidación de redes de corrupción.
En tiempos más recientes, la corrupción ha tomado formas aún más sofisticadas, aprovechando las fallas del sistema para desfalcar al Estado. El uso de empresas fantasmas, el descontrol en los procesos de adquisiciones y la falta de transparencia han facilitado el saqueo de recursos. Un caso emblemático fue el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que superó los 7,000 millones de lempiras y costó la vida de cientos de hondureños por la falta de insumos médicos adecuados. Otro ejemplo es la compra fraudulenta de los hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19, donde el Estado desembolsó más de 48 millones de dólares en equipos inservibles, beneficiando a una red de corrupción entre proveedores y funcionarios del gobierno anterior.
Intentos por combatir la corrupción en Honduras
A pesar de este panorama, en los últimos años se han dado intentos por fortalecer el combate a la corrupción. En 2016, tras la presión ciudadana por los escándalos de corrupción, se creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta comisión logró exponer redes de corrupción de alto nivel, pero fue desmantelada en 2020, lo que representó un duro golpe para la lucha anticorrupción.
En 2022, el Congreso Nacional derogó la Ley de Secretos, que había sido utilizada para ocultar información sobre el manejo de fondos públicos. Además, se creó la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, con el objetivo de investigar casos de corrupción y promover legislación que fortalezca la transparencia.
La corrupción no solo está en el sector público, sino también en sindicatos y grupos empresariales que obstaculizan el desarrollo de proyectos esenciales. Un ejemplo claro es el fallido proyecto del Trans-450, un sistema de transporte público moderno que quedó inconcluso debido a irregularidades en su ejecución y disputas de intereses entre sectores privados y políticos.
La importancia de la participación ciudadana
Si bien las reformas estructurales son fundamentales, también es crucial un cambio cultural. Durante décadas, frases como «No importa si roban, con tal que hagan algo» o «Al final, todos roban» han reflejado una resignación social que ha permitido la perpetuación de estas prácticas. Sin embargo, en los últimos años, una parte importante de la población, especialmente las nuevas generaciones, ha comenzado a reconocer que la corrupción es la raíz de muchos de los males que aquejan al país. La indignación ciudadana ha impulsado protestas y movimientos sociales, aunque estos han perdido fuerza con el tiempo.
Para combatir la corrupción, es fundamental seguir impulsando reformas que fortalezcan la fiscalización del gasto público, garantizar la independencia del Poder Judicial y dotar de mayor capacidad de acción a instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas. Además, la participación ciudadana es clave para exigir transparencia y rendición de cuentas.
Para robar se necesitan muchos, pero para combatir la corrupción también. Es una tarea que requiere del compromiso de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación. Solo así podremos construir un país donde la justicia y la transparencia sean la norma y no la excepción.
