Todos fuimos testigos de lo ocurrido durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Ni un clarividente pudo haber anticipado que en este proceso que costó dos mil millones de lempiras, los conductores de los «rapiditos» iban a ser los encargados de movilizar las maletas electorales a los centros de votación en el Distrito Central y San Pedro Sula.
¿Cómo se explica semejante insensatez? El resultado, evidentemente, no ha sido solo un proceso lleno de «imprevistos». Lo que fue, es una burla hacia la democracia electorera hondureña, un engaño que puede tener dos causas: una incompetencia de altos quilates por parte de todos los responsables, o lo más presumible, una acción premeditada de algún sector para presionar o beneficiarse directamente del caos.
Revisemos las responsabilidades. El artículo 272 de la Constitución hondureña es clara en instruir que las Fuerzas Armadas, a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), son las encargadas de garantizar la custodia, el transporte y la vigilancia de los materiales electorales.
Un mes antes de los comicios, el 9 de febrero del 2025, las FF.AA., habían pasado a estar a disposición del CNE, hasta el día de la declaratoria de las elecciones. Es decir, los militares, que tienen como jefa a la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, en teoría, ahora se encuentran bajo las órdenes de los tres partidos políticos mayoritarios.
Pero claro, las FF.AA. no hacen de forma «gratuita» su trabajo durante las elecciones. No importa que en 2025, manejen 15,8 mil millones de lempiras (10,8 mil millones para Defensa y 4,9 mil millones para el manejo del Instituto Penitenciario), un presupuesto mayor al del sector Salud. No, a esto se suma el dinero que el CNE les transfiere cada cuatro años para movilizar y entregar las maletas electorales en todo el país.
Así, el 6 de febrero de 2025, las Fuerzas Armadas recibieron 85,4 millones de lempiras para cumplir con su mandato constitucional. Es decir, obtuvieron 24,4 millones adicionales en comparación a las elecciones primarias de 2021, cuando los uniformados recibieron 61 millones de lempiras.
A pesar del aumento presupuestario, los militares querían más. El 9 de diciembre de 2024, la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) y secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, presentó ante el hemiciclo la solicitud para que las FF.AA. recibieran 277 millones para las elecciones primarias de este año.
Evidentemente, la propuesta de Smith no era una iniciativa personal. En este caso, era una solicitud directa de los militares y de Libre, porque ninguno de sus congresistas realizan peticiones sin el beneplácito de su coordinador nacional, del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Menos aún, si beneficiaría a la institución dirigida por la candidata presidencial de su partido, Rixi Moncada.
La propuesta de Smith no fue bien recibida por dos terceras partes del CNE, solo Marlon Ochoa guardó silencio. En su caso, la magistrada Cossette López denunció que la solicitud para aumentar el presupuesto de las FF.AA. no había sido consultada con el CNE, que ella preside, y pidió que la institución castrense justificara la petición de esos fondos a través del Congreso Nacional.
El exconsejero del CNE, Kelvin Aguirre, también nacionalista, argumentó que los fondos solicitados por las FF.AA. estaban «inflados» al compararlos con lo que recibieron para las elecciones primarias y generales de 2021. Los militares exigían 216 millones de lempiras más.
Seguramente molesto porque consideraron «inflada» su petición, en respuesta, el jefe del Estado Mayor Conjunto,RoosevelthHernández, expresó que la iniciativa de ley buscaba garantizar una operatividad más ágil e inmediata por parte de las FF.AA. Es decir, 85 millones no eran suficientes para asegurar una correcta entrega del material.
Habrá quien piense que dejarle las maletas electorales al sistema privado de buses interurbanos, en muchos casos, sin resguardo del Estado, podría tratarse del desquite de los militares por no haber recibido el dinero que Libre intentó tramitarles.
En todo caso, el hecho de contratar a terceros para la movilidad de las urnas es una violación constitucional, puesto que las FF.AA. renunciaban a su responsabilidad de ser «garantes» del proceso. Los mismos «buseros» dicen que estaban sorprendidos del encargo. Hoy más que nunca, nombrar a la candidata presidencial de Libre al frente de la Defensa, parece ser una idea desacertada.
Ahora los militares rechazan cualquier responsabilidad y aducen que la culpa es del CNE. También argumentan que la demora de la entrega de las maletas obedece «a la experiencia que están adquiriendo en los asuntos electorales», porque sus labores desde 1982 parecen no ser suficientes para graduarse en la entrega de las cajas.
Si los militares, como dice el general Hernández, no contrataron a las empresas de buses para que hicieran su trabajo, ¿por qué no se negarían a ello en el momento?
Tanto hablar de la biometría y del TREP para que al final, unos «rapiditos» transportaran las maletas electorales es una vergüenza para todo el CNE, para los tres partidos políticos que tienen secuestrada una institución que cualquiera que entienda de principios básicos de la democracia, sabe que debe ser ciudadana.
El país fue testigo de cómo se malgastaron dos mil millones de lempiras para un proceso que desde ya afecta la credibilidad de las elecciones generales de noviembre. Lo que ocurrió no es poca cosa. Rapidito se pierde la confianza.
