Editorial: ¿QUÉ VACÍO DEJARÍA USAID EN HONDURAS?
Creada en 1961 como un actor importante de la política exterior estadounidense, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) enfrenta una crisis sin precedentes, convirtiéndose de un día a otro, en la víctima de una especie de «cacería de brujas» que traería consecuencias globales.
El hombre más rico del mundo, Elon Musk, encomendado por Donald Trump para reducir el tamaño y el gasto del gobierno norteamericano, tildó a la agencia de «un nido de víboras marxistas de la izquierda radical y un cesto de gusanos». El presidente coincide, calificándola de «estar llena de lunáticos radicales».
Con un discurso que guiña al macartismo, el gobierno estadounidense amenaza con desmantelar una entidad que opera en más de cien países y que, solamente en 2023, cubrió el 42% de la ayuda humanitaria global.
Para calmar un poco la tensión, el secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró más cauteloso, sugiriendo de que «redireccionarían» la agencia sin desaparecerla. En todo caso, mientras debaten o improvisan su futuro, los fondos del presente año permanecen congelados, provocando incertidumbre a nivel mundial.
Presente en Honduras desde 1972, USAID ha sido su principal actor de la cooperación internacional. En 2024, sus fondos asignados alcanzaron los L3,800 millones, una cifra que supera el presupuesto anual de 16 de sus 24 Secretarías de Estado y que lo posiciona como el quinto receptor de ayuda en el continente, por encima de naciones como México o Brasil.
Durante los primeros tres años de la administración de Xiomara Castro, USAID destinó $443.2 millones a Honduras, 5% más que los recursos recibidos durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández.
En medio de la incertidumbre, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló que se debe de investigar a las instituciones que se benefician de estos recursos. Su mensaje está en línea con las declaraciones del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, quien acusa a USAID de apoyar a la oposición para «desestabilizar» su gobierno.
La historia de USAID no está exenta de cuestionamientos históricos. Creada como una pieza geopolítica para detener la expansión del comunismo a nivel mundial, en algunos casos fue señalada de ser una agencia de operaciones encubiertas y no de desarrollo. En Honduras jugó un papel importante para desmantelar la Reforma Agraria.
Sin embargo, en las últimas décadas, USAID reorientó sus recursos para ayudar a los migrantes retornados, en temas de democracia, de medioambiente, de salud, de derechos humanos, de educación, infraestructura o en apoyo humanitario, como sucedió tras el paso del huracán Mitch.
En otras palabras, después de presuntamente colaborar con contrarrevolucionarios, la agencia redirigió su apoyo a otros grupos de la sociedad que claman por una mayor igualdad, por ejemplo, con personas de la diversidad sexual o las feministas, dos sectores antagónicos del actual gobierno estadounidense.
Es probable que Redondo se refería al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y a otras organizaciones y medios de comunicación que el gobierno hondureño considera opositores.
Dado que la ayuda económica de USAID es de carácter público, los datos oficiales muestran que en 2024 el 37.7% de sus fondos se destinaron al Gobierno hondureño y a organizaciones de la sociedad civil. El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) fue uno de los principales beneficiarios, al recibir $8.4 millones, una cifra superior a los $2.8 millones asignados al CNA o a los $2 millones anuales otorgados a la ASJ. En consecuencia, unos 30 proyectos del FHIS se encuentran paralizados.
Al igual que los 10 mil empleos directos de USAID en Estados Unidos, miles de personas en Honduras enfrentan la misma incertidumbre laboral. Cientos de organizaciones dedicadas a la promoción de derechos humanos y civiles, a la agricultura, la seguridad, la educación, la migración o los derechos sexuales y reproductivos enfrentan el mayor desafío administrativo de su historia.
Una vez que los fondos se han congelado, ha quedado en evidencia el alcance casi omnipresente de la agencia en muchos sectores de la sociedad. La pregunta que se plantean las organizaciones es quién podría sustituir el apoyo o si es posible encontrar otras alternativas de financiamiento.
El panorama es complejo: mientras la Unión Europea enfrenta una crisis económica, China, financia proyectos de infraestructura para beneficiarse y acercar su sistema a gobiernos latinoamericanos, pero no apoya precisamente a la sociedad civil, menos a colectivos de derechos humanos. En todo caso, el gigante asiático con su proyecto de Iniciativa de la Franja y la Ruta podría ser el mayor favorecido con un eventual retiro de USAID.
De cerrar USAID, el gobierno estadounidense se ahorraría unos $72,000 millones. Al contrario, si la agencia se mantiene activa pero alineada a la agenda de Make America Great Again, la ayuda en Honduras seguramente encontraría otros destinatarios, en muchos casos, dejando de lado a varios de los anteriores beneficiados.
Seguramente el gobierno de Castro agradecería el golpe presupuestario en muchos a quienes considera opositores. De carambola, Trump le haría un favor. El mismo presidente colombiano, Gustavo Petro, hace unas semanas envuelto en polémicas con el magnate estadounidense, ha dicho que el mandatario tiene razón en querer cerrar USAID.
El oficialismo hondureño también tendría más distante a esa agencia que en público acusa de injerencista, pero que en privado le pide fondos para construir carreteras, reparar escuelas o modernizar los procesos electorales.
Sin duda, el mayor vacío recaería en las comunidades o barrios más vulnerables, donde no reciben mucha más inversión que la proveniente de USAID. En zonas que el Estado hondureño deja a la población a manos de la cooperación internacional.
