Por: Edgardo Mejía
En la primera semana de septiembre, Guatemala reafirmó su liderazgo económico en Centroamérica al fortalecer su relación comercial con Perú. El recién firmado Tratado de Libre Comercio abre nuevas oportunidades en agroindustria, manufactura y minería, además de reactivar la comisión mixta para cooperación técnica.
Sin embargo, no todo el comercio en la región se desarrolla bajo los marcos de la legalidad. El tráfico y consumo de drogas sintéticas atraviesa fronteras y se diversifica: laboratorios clandestinos en Costa Rica, farmacias virtuales en República Dominicana y el uso del correo postal en Puerto Rico son parte de una red que conecta con el mayor mercado de pastillas del mundo: Estados Unidos.
El fentanilo ilegal avanza en silencio en Centroamérica y el Caribe, encendiendo las alarmas en República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica. Estos países enfrentan la amenaza desde distintos frentes: rutas de tránsito, producción incipiente y un creciente número de intoxicaciones por consumo.
En el plano migratorio, Nicaragua y Costa Rica protagonizan otra crisis. Cientos de nicaragüenses esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo, mientras Costa Rica también enfrenta presiones en el ámbito económico: los aranceles establecidos por Estados Unidos son considerados un riesgo para su crecimiento, según el Ministerio de Hacienda.
Por su parte, Panamá estrecha lazos con Washington. La embarcación Eagle, de la Guardia Costera de Estados Unidos, regresó tras completar una gira por el Pacífico y cruzar el Canal. El velero, considerado embajador de buena voluntad y único en servicio activo de las fuerzas armadas estadounidenses, permanecerá atracado en el Puerto de Cruceros de Amador hasta el 6 de septiembre, informó la Embajada de EE. UU. en Panamá.
Finalmente, un anuncio de Washington sacudió a distintos sectores en Honduras y la región: Estados Unidos impondrá nuevas restricciones de visados a ciudadanos de países centroamericanos que considere aliados del Partido Comunista Chino (PCCh). La medida fue calificada por Pekín como un acto de “matonería y coerción” en detrimento de los pueblos de Centroamérica.
