Un tribunal de apelaciones permite al Gobierno de EE.UU. poner fin al Estatus de Protección Temporal para más de 50.000 hondureños, generando preocupación por el futuro de familias migrantes.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños será eliminado a partir del 8 de septiembre de 2025, tras un fallo del Noveno Circuito de Apelaciones en California que permitió al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al beneficio migratorio para alrededor de 51.000 hondureños, así como para miles de nicaragüenses y nepaleses.

El panel judicial suspendió la orden previa de un tribunal de distrito que permitía a los inmigrantes mantener el amparo que los protege de la deportación. Los beneficiarios hondureños han mantenido este estatus por más de 26 años, mientras que los nepalíes afectados habían vivido legalmente en EE.UU. durante más de una década.

Las órdenes de terminación otorgadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dan a los beneficiarios solo 60 días antes de perder su estatus legal y autorización de trabajo.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la decisión y aseguró que la cancelación busca “restaurar la integridad” del sistema migratorio. “El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así se ha utilizado durante décadas”, enfatizó.

En contraste, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes calificaron la medida como un golpe devastador. Emi MacLean, de la Fundación ACLU del Norte de California, afirmó que el fin del TPS forma parte de “una campaña coordinada para privar a los inmigrantes de cualquier estatus legal”, mientras que Ahilan Arulanantham, de UCLA, señaló que los demandantes “merecen algo mejor” de lo que determinó el tribunal.

Se estima que la decisión afectará a más de 60.000 inmigrantes, incluidos hondureños, nicaragüenses y nepaleses, y podría impactar directamente a 40.000 hijos ciudadanos estadounidenses, cuyos padres dependen del TPS para residir y trabajar legalmente en el país.

La cancelación del TPS no se limita a estos países: la administración Trump también ha eliminado el beneficio para 350.000 venezolanos y medio millón de haitianos, como parte de su política migratoria de reducción de estatus humanitarios.

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