El Gobierno de Panamá suspendió este viernes varias libertades fundamentales en la provincia de Bocas del Toro, tras una escalada de disturbios, saqueos, bloqueos de carreteras y ataques a infraestructura pública. La medida, decretada bajo un estado de urgencia, incluye la restricción del derecho de reunión, el control de movimiento y la suspensión temporal de garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones personales.
El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en conferencia de prensa junto al gabinete del presidente José Raúl Mulino. Según explicó, la medida estará vigente durante cinco días y tiene como objetivo restablecer el orden frente a los actos de violencia registrados en esta zona clave para la economía nacional por su producción bananera.
“La tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia y vandalismo que pongan en peligro la propiedad y a las personas”, declaró Orillac.
Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aclaró que, a pesar de las restricciones, las personas podrán trasladarse entre sus trabajos y hogares sin inconvenientes.
En las últimas horas, las protestas en Bocas del Toro se intensificaron con hechos violentos que incluyeron saqueos, bloqueos, destrozos en el aeropuerto de Changuinola y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según información oficial, estos actos dejaron un fallecido, más de 50 personas detenidas y varios heridos, entre ellos agentes de la Policía.
Las manifestaciones comenzaron en abril, tras la aprobación de una ley que reformó el sistema de seguridad social, generando rechazo por parte de sindicatos de docentes y trabajadores de la construcción. A ellos se sumaron luego los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, al considerar que la nueva legislación eliminaba beneficios adquiridos bajo la Ley de 2017.
El pasado 27 de mayo, el Ejecutivo ya había declarado un estado de emergencia en la provincia, aunque sin limitar garantías constitucionales. La situación se agravó en días recientes, a pesar de la entrada en vigencia de una nueva ley especial destinada a mejorar las condiciones laborales en el sector bananero, producto de un acuerdo entre diputados y líderes sindicales, quienes a cambio prometieron levantar los bloqueos viales.
Sin embargo, ese pacto fue rechazado por otros actores sociales y agrupaciones de profesores, lo que detonó una nueva ola de protestas y enfrentamientos en las calles. El Ministerio de Seguridad desplegó más de 1,500 agentes en la zona para contener la crisis.
La politóloga Sabrina Bacal consideró que estos son “actos delictivos, no protestas”, aunque reconoció que el gobierno ha mantenido un discurso muy agresivo y sectario, al negarse a escuchar otras voces frente al conflicto social.
Mientras la tensión persiste en Bocas del Toro, una de las principales zonas bananeras del país, el Gobierno apuesta por restablecer el orden a través de medidas excepcionales, en medio de cuestionamientos por la dureza de su respuesta y la falta de diálogo con los sectores en protesta.
