Organizaciones de derechos humanos en El Salvador denunciaron que al menos 415 personas han muerto bajo custodia estatal desde que se implementó el régimen de excepción, una medida que entró en vigor en marzo de 2022 como parte de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
“Llevamos más de 415 personas que han sido asesinadas en manos del Estado”, afirmó Alejandro Díaz, representante de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, durante una conferencia de prensa en la que distintas ONG expusieron un balance sobre los impactos del régimen. Díaz aclaró que se trata de un estimado basado en denuncias documentadas por las organizaciones, ya que el Estado no ha brindado información oficial sobre los fallecimientos.
El régimen de excepción, prorrogado por 30 días más hasta el 5 de julio por la Asamblea Legislativa, ha sido renovado de forma continua desde hace más de tres años. La medida permite detenciones sin orden judicial, amplía el plazo de detención administrativa y restringe garantías constitucionales, como el derecho a la defensa. Según datos oficiales, se han realizado más de 85,900 detenciones en este período.
Díaz advirtió que esta política ha derivado en violaciones graves a los derechos humanos.
Se han configurado graves violaciones a derechos humanos, delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura, y se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución.
Alejandro Díaz, representante de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández».
En ese sentido, el abogado David Ortiz, también de Tutela Legal, señaló: “El régimen de excepción no tiene como fin último garantizar la seguridad; tiene como fin último ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial”. Ortiz denunció además un aumento en la persecución de defensores de derechos humanos y citó los casos recientes de la abogada Ruth López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez, todos detenidos este mes.
La detención de López aún no ha derivado en cargos por parte de la Fiscalía, mientras que Henríquez y Pérez fueron acusados esta semana de desórdenes públicos. También se recordó el caso de Fidel Zavala, dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos (UNIDEHC), detenido en febrero por el delito de agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Samuel Ramírez, del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir), lamentó la falta de respuesta institucional ante las múltiples denuncias y recursos legales presentados.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ya se acostumbró a que a puro miedo está sometiendo al pueblo salvadoreño. La represión de derechos humanos se está agudizando; los líderes defensores de derechos humanos tienen miedo de alzar la voz. El régimen no perdona a nadie y no vemos señales de que este gobierno quiera escuchar a las víctimas.
Samuel Ramírez, del Movimiento Víctimas del Régimen.
A este llamado se sumó la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), que, a través de una carta abierta, solicitó al presidente Bukele derogar el régimen. Los obispos también pidieron revisar los casos con objetividad para liberar a los inocentes y detener la persecución contra defensores de derechos humanos. En su pronunciamiento, hicieron además un llamado a no utilizar las cárceles salvadoreñas para alojar a migrantes expulsados por otros países sin pruebas. En marzo, El Salvador recibió a más de 250 venezolanos expulsados por Estados Unidos bajo señalamientos de supuestos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua.
La continuidad del régimen fue aprobada esta semana por 57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo. El decreto justifica su extensión por “la persistencia y continuidad de actividades criminales por parte de las pandillas”.
