El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro asumió oficialmente la presidencia de Venezuela para un tercer mandato consecutivo, en medio de un contexto político, económico y social profundamente polarizado. La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y fue marcada por la ausencia de observadores internacionales independientes, lo que generó una fuerte condena tanto en el ámbito nacional como internacional.
La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión. Sin la presencia de figuras de la oposición ni observadores internacionales imparciales, el acto se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Durante su discurso, Maduro hizo énfasis en su lealtad al legado de Hugo Chávez y en su compromiso de continuar con las políticas chavistas, pese al rechazo generalizado hacia su administración, tanto en el país como fuera de sus fronteras. La toma de posesión se realizó en la Asamblea Nacional, en un acto que no contó con la participación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, lo que fue interpretado como un claro reflejo de la división política que atraviesa Venezuela.
La comunidad internacional reaccionó de manera contundente ante la reelección de Maduro. Países como Estados Unidos, varios miembros de la Unión Europea y países latinoamericanos se sumaron al rechazo de los resultados electorales. La Unión Europea calificó las elecciones de Venezuela como ilegítimas, y expresó que las actas electorales publicadas por la oposición, en las que se indicaba una probable victoria de Edmundo González, candidato opositor, mostraban un panorama claro de fraude. Esta situación ha escalado las tensiones diplomáticas, con Estados Unidos aumentando la presión sobre el gobierno venezolano al imponer nuevas sanciones contra funcionarios clave, y aumentando a 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.
Además, la administración de Joe Biden ha sancionado a empresas estatales como PDVSA y a altos funcionarios cercanos a Maduro, aunque permitió a compañías como Chevron seguir operando en el país bajo ciertas condiciones. Estas sanciones han complicado aún más las ya tensas relaciones de Venezuela con los países del norte y han dejado al país en una situación de creciente aislamiento económico y diplomático.
En Venezuela, la oposición continúa sin reconocer la legitimidad del mandato de Maduro. Líderes como Edmundo González, quien se encuentra exiliado, han insistido en que el proceso electoral estuvo marcado por el fraude y han pedido el respaldo internacional para la recuperación de la democracia en el país. González ha declarado que sigue trabajando en las condiciones para su retorno a Venezuela y espera que la presión internacional haga que el régimen de Maduro ceda.
María Corina Machado, otra de las figuras prominentes de la oposición, también ha calificado la reelección de Maduro como un “golpe de Estado” y ha exigido la movilización de los pueblos de América Latina para enfrentar lo que considera un régimen autoritario que viola los principios democráticos más fundamentales.
Con la reelección de Maduro, Venezuela continúa sumida en una de las peores crisis de su historia. La falta de legitimidad reconocida por la comunidad internacional, las nuevas sanciones económicas y la agudización de la polarización social y política, auguran un futuro incierto para el país. La crisis económica sigue siendo uno de los principales desafíos, con una inflación descontrolada, escasez de productos básicos y una emigración masiva de venezolanos que huyen de las condiciones de vida cada vez más difíciles.
A nivel político, el país sigue dividido, con el chavismo manteniendo el poder a través de instituciones cuestionadas y la oposición luchando por recuperar la democracia. La situación de los derechos humanos sigue siendo alarmante, con denuncias de represión, detenciones arbitrarias y la falta de garantías para el ejercicio de la oposición política.
La toma de posesión de Nicolás Maduro en 2025 refuerza la polarización interna y el aislamiento internacional que ha marcado su gobierno. La comunidad internacional sigue presionando por una transición política que devuelva la democracia a Venezuela, mientras que el pueblo venezolano sigue esperando una salida a la crisis que ha afectado a millones.
