El Gobierno del presidente Donald Trump fue señalado por un juez federal en Massachusetts de estar “creando caos” al ordenar la deportación de un grupo de migrantes hacia África Oriental, pese a una orden judicial que prohibía enviar personas a países donde podrían ser torturadas.
La acusación fue realizada por el magistrado Brian Murphy, quien además rechazó una solicitud de la Administración republicana para reconsiderar el caso y pausar la orden judicial. Esa resolución instruye al Gobierno a evaluar los casos de los migrantes, incluso si ya se encuentran fuera del territorio estadounidense.
En el documento emitido el lunes por la noche, el juez aseguró que el Gobierno tergiversó las instrucciones del tribunal y advirtió que está “creando el mismo caos que critican”.
Según denunciaron abogados de organizaciones defensoras de derechos humanos, la semana pasada se realizó un vuelo con destino a Sudán del Sur en el que viajaban ocho migrantes, incluidos dos ciudadanos cubanos y un mexicano. Más tarde, funcionarios del Gobierno informaron al juez Murphy que el avión aterrizó en Yibuti, aunque en conferencia de prensa la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó confirmar el paradero de los deportados.
El DHS indicó que los migrantes tienen antecedentes penales en Estados Unidos por delitos como homicidio y posesión ilegal de armas de fuego, y que continúan bajo custodia de las autoridades.
Ante esta situación, el juez ordenó que se les realicen entrevistas de miedo creíble en el extranjero, para determinar si califican a la protección bajo la Convención contra la Tortura, que prohíbe su envío a países donde puedan ser víctimas de abusos.
Este caso representa un nuevo conflicto entre la Administración republicana y el poder judicial, en medio de las medidas impulsadas por Trump para cumplir su promesa de llevar a cabo “deportaciones masivas”.
La ley estadounidense establece que no se puede deportar a personas a terceros países donde corran riesgo de ser torturados. En este caso, los migrantes son originarios de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur.
Además, se conoció que a mediados de marzo más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron enviados por el Gobierno estadounidense a una megacárcel en El Salvador, donde permanecen incomunicados de sus familiares y abogados. El traslado fue posible tras un acuerdo entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el cual no ha sido revelado públicamente y contempla una permanencia inicial de un año a cambio de un pago de seis millones de dólares.
