La administración del presidente Donald Trump está considerando una ampliación significativa de sus restricciones migratorias que afectaría a ciudadanos de 36 países adicionales, incluyendo a aliados estratégicos como Egipto y Yibuti. La información figura en un memorando oficial firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y distribuido a diversas misiones diplomáticas estadounidenses en el extranjero.
El documento propone la suspensión de visas, la prohibición de ingreso y restricciones en permisos de entrada a ciudadanos de países que, según Washington, presentan riesgos de seguridad o fallas en cooperación migratoria. La lista preliminar incluye 25 naciones africanas, como Nigeria, Camerún, Etiopía, Sudán del Sur, Zambia y Zimbabue; cuatro países asiáticos (entre ellos Siria y Kirguistán), cuatro caribeños (como Santa Lucía y Dominica) y tres estados insulares de Oceanía (Tonga, Tuvalu y Vanuatu). Esta sería una de las expansiones más amplias en materia migratoria desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.
Estas posibles medidas se sumarían al veto migratorio ya en vigor desde el 9 de junio, que impide la entrada de ciudadanos de 12 países, incluidos Afganistán, Irán, Libia, Haití y Somalia. La iniciativa forma parte de una política migratoria más estricta que busca reducir los flujos desde regiones clasificadas como de alto riesgo o con limitada cooperación en materia de seguridad y repatriación.
No obstante, el gobierno estadounidense deja abierta la posibilidad de que algunos países eviten su inclusión en la lista final, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos en un plazo de 60 días. Entre las condiciones exigidas se encuentran la emisión de documentos de identidad confiables, la cooperación en deportaciones, la mejora de los controles de seguridad de pasaportes y el compromiso para prevenir la participación de sus ciudadanos en actos de terrorismo, antisemitismo o actividades hostiles contra Estados Unidos.
Esta nueva ofensiva migratoria refuerza el perfil de mano dura de Donald Trump de cara a la campaña electoral. En las últimas semanas, su administración también ha ejecutado deportaciones masivas de ciudadanos venezolanos, señalando presuntos vínculos con pandillas centroamericanas. De concretarse la nueva lista, se trataría de uno de los cambios más amplios y controvertidos en la política migratoria estadounidense de los últimos años.