Carl Alan Zaglin, empresario estadounidense de 70 años y residente de Marietta, Georgia, fue declarado culpable por un jurado federal en Miami por participar en un esquema de sobornos a funcionarios hondureños y lavado de dinero para obtener contratos por más de 10 millones de dólares en uniformes y accesorios policiales.
Zaglin, propietario y director ejecutivo de Atlanco LLC, enfrentó cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA y conspiración para cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin pagó cientos de miles de dólares en sobornos a altos funcionarios de TASA, incluyendo al exdirector ejecutivo Francisco Roberto Cosenza Centeno y al exdirector titular Juan Ramón Molina, para asegurar contratos multimillonarios con la entidad hondureña encargada de proveer bienes a la Policía Nacional y otras agencias de seguridad.
Los pagos fueron canalizados a través de Aldo Néstor Marchena, intermediario radicado en Boca Ratón, Florida, quien recibió 2.5 millones de dólares mediante facturas falsas. Además, se enviaron más de 166,000 dólares a cuentas controladas por Cosenza y otros funcionarios para garantizar la adjudicación de contratos.
A cambio de los sobornos, los funcionarios ayudaron a Zaglin, Marchena y otros conspiradores a concretar negocios con la Policía Nacional y asegurar los pagos correspondientes. Marchena, Cosenza y Molina se habían declarado previamente culpables de su participación en el esquema.
Para ocultar las operaciones, los involucrados usaron términos como “comisiones” y “honorarios” para referirse a los sobornos y crearon falsos “Acuerdos de Intermediación”. También se comunicaron mediante correos personales y aplicaciones de mensajería cifrada, y blanquearon fondos transfiriéndolos a la empresa fachada de Marchena y a cuentas de los funcionarios en Estados Unidos, Belice y otros países.
Zaglin enfrenta hasta cinco años de prisión por los cargos de conspiración y hasta 20 años por conspiración para lavado de dinero. La sentencia será determinada por un juez federal de distrito el 3 de diciembre de 2025, tomando en cuenta las directrices legales de Estados Unidos.
La acusación contra Zaglin, Marchena y Cosenza fue presentada el 20 de diciembre de 2023. Marchena y Cosenza se declararon culpables el 5 de junio y 13 de agosto de 2025, respectivamente, mientras que Molina se declaró culpable el 11 de diciembre de 2024.
