La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó recientemente una ficha de búsqueda en la que ofrece hasta 25 millones de dólares como recompensa por información que conduzca a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario es señalado por el gobierno estadounidense como líder del denominado Cártel de Los Soles, una estructura criminal vinculada al narcotráfico y recientemente designada como organización terrorista.
Aunque el aumento en la recompensa fue anunciado desde el 10 de enero, la publicación de la ficha se enmarca en la decisión de Estados Unidos de clasificar al Cártel de Los Soles como grupo terrorista. Esta designación refuerza las acusaciones de Washington sobre los vínculos del régimen de Maduro con el crimen organizado y el tráfico internacional de drogas.
La DEA también recordó que mantiene recompensas activas por otros altos funcionarios del gobierno venezolano. Entre ellos, Diosdado Cabello Rondón, actual ministro del Interior, por quien se ofrece una recompensa de 25 millones de dólares, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, cuya captura está valorada en 15 millones.
Según el comunicado oficial, el presidente Maduro está implicado en una supuesta conspiración internacional ligada al narcotráfico y al terrorismo.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de facilitar la importación de cocaína a su territorio y de utilizar armamento de alto calibre con fines ilícitos.
El gobierno de Donald Trump, bajo cuya administración se iniciaron estas acusaciones, sostiene que el Cártel de Los Soles colabora con el Cártel de Sinaloa y con la banda transnacional Tren de Aragua. Ambas organizaciones también han sido recientemente calificadas como grupos terroristas por el Departamento de Estado de EE. UU.
La publicación de la ficha a través de redes sociales tiene como objetivo incentivar la colaboración ciudadana e internacional en la captura de los acusados, subrayando la gravedad de los delitos que se les imputan. Las autoridades norteamericanas insisten en que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular redes criminales que amenazan la seguridad de la región.
