El Gobierno de Estados Unidos anunció que eliminará el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 250.000 inmigrantes venezolanos que llegaron al país y se acogieron al programa en 2021. La medida, impulsada por la Administración Trump, busca que los beneficiarios se “autodeporten”.
La cancelación del TPS será efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal, aunque aún no se ha establecido una fecha específica. El DHS argumenta que mantener estas protecciones socava los esfuerzos para asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz.
El TPS se ha utilizado durante décadas para proteger temporalmente a personas de países en conflicto, con desastres naturales o condiciones inseguras. Su prolongación ha generado debates políticos, especialmente entre republicanos que consideran que el programa ha durado demasiado.
A principios de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó medidas para poner fin a las protecciones de unos 300.000 venezolanos. Esta decisión se suma a esas acciones, afectando a quienes se inscribieron en 2021 bajo la administración Biden.
Organizaciones de derechos de inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto humanitario. La pérdida del TPS podría obligar a muchos venezolanos a regresar a un país marcado por la crisis política y social.
El DHS indicó que, al evaluar la seguridad pública, la política migratoria, la economía y la política exterior, permitir la permanencia temporal de estos inmigrantes “no es lo mejor para Estados Unidos”.
La medida también enfrenta posibles desafíos legales, ya que los beneficiarios sin otras alternativas legales podrían ser deportados. El debate sobre el TPS refleja la tensión entre la política migratoria estadounidense y las medidas de protección humanitaria.
Con la cancelación del programa, los venezolanos en Estados Unidos se enfrentan a un futuro incierto, mientras el gobierno insiste en frenar la migración irregular y limitar el efecto “imán” del TPS.
