La expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien recientemente fue condenada a seis años de prisión domiciliaria, recibió otro mazazo de la justicia de su país junto a otros ocho acusados por fraude en la causa Vialidad, un tribunal dictaminó que deberán restituir a las arcas públicas un total de aproximadamente 540 millones de dólares, informaron medios argentinos recientemente.
Esta cifra fue actualizada por los peritos de la Corte Suprema y comunicada a los jueces del caso, quienes otorgaron un plazo de 10 días para que los condenados concreten la devolución; de no hacerlo, se procederá al decomiso de sus bienes.

El caso se originó por la adjudicación irregular de 51 obras públicas viales durante la presidencia de Kirchner (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz, beneficiando al empresario Lázaro Báez. La justicia comprobó que las licitaciones fueron manipuladas, generando un perjuicio millonario al Estado. Además de la exmandataria, fueron condenados Báez, un exsecretario nacional de Obras Públicas, tres exdirectores de Vialidad Nacional y tres exadministradores provinciales.

En el fallo definitivo, el tribunal señaló que la recuperación del dinero producto de estas maniobras ilícitas es necesaria para reparar el daño causado al bien jurídico y a la sociedad. Por ello, los nueve condenados deben pagar según su grado de responsabilidad, y responderán solidariamente si alguno no posee bienes suficientes para cubrir su parte.

La resolución establece que, en caso de no efectuarse el pago en el plazo estipulado, se activará la etapa de ejecución forzada. Esto implica que el Estado tomará posesión de los bienes registrados a nombre de los condenados o vinculados a ellos, los tasará oficialmente y procederá a subastarlos en remates públicos.

En la sentencia original, emitida a fines de 2022, se estimó el perjuicio en una cifra menor, pero la reciente actualización realizada por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema, considerando la inflación acumulada en los últimos dos años y medio, elevó considerablemente el monto a restituir.
Este fallo reafirma la condena contra Cristina Kirchner, quien además fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, y mantiene la presión sobre los implicados para que reparen el daño económico ocasionado al Estado argentino.

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