El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. La sentencia fue dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia y convierte a Uribe en el primer exmandatario colombiano condenado en un juicio penal. La jueza también lo absolvió de un tercer cargo relacionado con presunto soborno a una fiscal.
El origen del proceso judicial se remonta a hace 13 años, cuando, en un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, mencionó supuestas relaciones entre Uribe y grupos paramilitares de extrema derecha. En respuesta, el entonces senador Uribe presentó una denuncia penal contra Cepeda, acusándolo de buscar testimonios de exparamilitares presos para involucrarlo en actividades ilegales.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda al considerar que no había pruebas suficientes para continuar el proceso en su contra. Sin embargo, esa misma corte ordenó abrir una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos, dando un giro inesperado al caso y pasando a tratar a Uribe como investigado.
En 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, quien decidió renunciar a su curul en el Senado para evitar el fuero y permitir que el caso pasara a la justicia ordinaria. A pesar de las solicitudes de la Fiscalía y la Procuraduría para cerrar el expediente, el proceso continuó y llegó a juicio.
El juicio se prolongó durante 67 días y culminó el 8 de julio. La fiscalía solicitó la condena de Uribe por tres cargos: fraude procesal, soborno a testigos y soborno a una fiscal. La jueza, sin embargo, solo encontró méritos para condenar a Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, absolviéndolo del cargo restante.
Durante el proceso, Uribe sostuvo su inocencia y calificó la investigación como una persecución política. Por su parte, el senador Iván Cepeda celebró la condena y afirmó que el fallo confirma la lucha por la verdad. La sentencia ha generado opiniones divididas en el país y, según analistas políticos, tendrá un impacto significativo en las elecciones legislativas y presidenciales previstas para 2026.
