Cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua renunciaron en una semana, dejando al máximo tribunal con apenas cinco de los 16 jueces que lo integraban originalmente. Este martes, la Asamblea Nacional informó la dimisión de Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes alegaron motivos de salud o edad avanzada, sumándose a Yadira Centeno y Ellen Lewin, que habían presentado su renuncia la semana pasada.
El pleno del Parlamento aceptó de manera expedita las cartas de renuncia, dejando en evidencia la profunda renovación que atraviesa el sistema judicial nicaragüense. Con estas salidas, nueve magistrados han renunciado desde 2019 y dos han fallecido, mientras que Cuadra, Gurdián y Martínez se convierten en el séptimo, octavo y noveno juez en dimitir, tras Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado y José Adán Guerra. Posteriormente, Ileana Pérez renunció en octubre de 2022.
Ante la vacante de cinco cargos, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, propuso una lista de candidatos para cubrir los puestos en la CSJ. Entre ellos se encuentran Ana Julia Guido, fiscal general y exsubdirectora de la Policía; los magistrados de apelaciones Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, sancionados por Estados Unidos por despojar de la ciudadanía a opositores; y Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.
Desde febrero de 2025, la Corte Suprema quedó conformada por diez magistrados, luego de una reforma constitucional que redujo su número de 16 a 10. Esta modificación, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial, permite al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo nombrar al titular de la Corte por un período de seis años y subordinó formalmente al Poder Judicial al Ejecutivo.
La reforma constitucional, que eliminó el equilibrio de poderes y consolidó el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el Estado, ha sido criticada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea y por la oposición nicaragüense. Entre sus disposiciones, amplía el período presidencial de cinco a seis años, establece la figura de «copresidenta» y permite al Ejecutivo coordinar los demás órganos del Estado, que dejan de ser denominados poderes.
