La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este miércoles una reforma constitucional que elimina la financiación pública de los partidos políticos en las elecciones. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, suprime el artículo 210 de la Constitución, que permitía la deuda política como mecanismo de apoyo económico a las agrupaciones contendientes.
La reforma fue avalada con 58 votos de los 60 diputados del Congreso y aún debe ser ratificada en una segunda votación para su entrada en vigencia. Se espera que esto ocurra bajo la enmienda aprobada en enero, que permite modificar la Carta Magna de manera expedita.
El decreto argumenta que los fondos destinados a los partidos deben ser redirigidos a sectores como salud y educación, al considerar que subsidiar a los partidos políticos resulta en un uso ineficiente del dinero público y que esta práctica genera rechazo hacia el sistema político y sus instituciones, debilitando la democracia.
Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de críticas. La diputada de oposición Claudia Ortiz, del partido VAMOS, calificó la decisión como una estrategia del oficialismo para legitimar la modificación de enero que facilita cambios exprés en la Constitución. “Lo que quieren es justificar y empezar a usar este mecanismo exprés para poder cambiar la Constitución y los candados que le pone al poder”, señaló.
Ortiz también cuestionó que Nuevas Ideas, el partido gobernante, haya recibido más de 27 millones de dólares en financiamiento público y no haya devuelto esos recursos al Estado. Además, acusó al oficialismo de utilizar fondos gubernamentales para campañas y propaganda.
La medida ha sido interpretada por algunos sectores como una cortina de humo para desviar la atención de la caída en la popularidad de Bukele. Según una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), la aprobación del presidente en 2024 se situó en 7,73 sobre 10, la más baja desde su llegada al poder en 2019. Este descenso ha sido atribuido, en parte, a la reciente reversión de la prohibición de la minería en el país, promovida por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo.
Para Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana, aunque la eliminación de la deuda política pueda ser una estrategia de distracción, tendrá un impacto real en el sistema de partidos. “Pese a que la medida puede ser parte de una cortina de humo, va a tener un impacto en el sistema de partidos”, advirtió.
La reforma sigue generando debate en la sociedad salvadoreña, mientras el oficialismo se encamina a consolidar cambios constitucionales que podrían redefinir el panorama político del país.
