A cuatro meses y medio de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una nueva crisis de legitimidad institucional provocada por uno de sus propios miembros.
El consejero Marlon Ochoa, representante del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), ha decidido desconocer públicamente una resolución tomada por mayoría del pleno, acusando a sus compañeras de facilitar un posible fraude electoral.
En conferencia de prensa, Ochoa reiteró que los resultados preliminares deben divulgarse sin verificación humana previa, tal como —según él— lo establece la Ley Electoral.
“En los resultados preliminares, que por ley deben anunciarse tres horas después del cierre de la votación, debe eliminarse del flujo de divulgación la intromisión humana”, declaró.
Sin embargo, el pleno del CNE —integrado por Cossette López (Partido Nacional), Ana Paola Hall (Partido Liberal) y el propio Ochoa— ya resolvió el pasado 15 de junio implementar la verificación de actas el mismo día de la elección, con base en los artículos 279 y 283 de la Ley Electoral. La medida busca garantizar la transparencia y la fidelidad entre los datos enviados por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y los resultados divulgados públicamente.
Ochoa ha intentado revertir la decisión basándose en un dictamen de la asesoría legal del CNE, alegando que la figura de “intromisión humana” podría abrir la puerta a la adulteración de actas.
“He propuesto una enmienda para eliminar la intromisión humana y ajustarse a lo que manda la Ley… Puede ocurrir que un resultado sea transmitido desde los centros de votación y otro distinto sea el que se divulgue desde el CNE”, advirtió.
El funcionario señaló directamente a sus compañeras como representantes del “bipartidismo” y las responsabilizó de mantener un “mecanismo diseñado para adulterar resultados”.
