Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del personal especialista en comunicaciones de la Policía Militar del Orden Público y en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), desmantelaron una antena ilícita de comunicaciones instalada presuntamente por estructuras criminales con la finalidad de captar señal de internet y redirigirla al Centro Penal de Támara.
Esta torre tipo antena estaba ubicada a ocho kilómetros de Támara, en un caserío conocido como El Reventón. El equipo militar procedió a realizar el desmantelamiento de la torre, que tenía una altura de 30 metros, junto con el equipo de comunicación que conformaba la instalación.

En la operación se decomisó una antena transmisora con capacidad de transmisión de 50 kilómetros en línea recta, de señal tipo Ubiquiti AirMax 5GHz, utilizada para mejorar la conectividad de los dispositivos. También se identificó un alcance de 30 kilómetros para la recepción de señal. Además, se incautó un panel solar para proporcionar energía, un dispositivo MikroTik para la distribución de señal, y una computadora utilizada para el control remoto del equipo.
Asimismo, se confiscó un cargador de computadora, dos baterías 6-GEL-100 12V 100Ah, un convertidor de voltaje, 20 metros de cable UTP, una caja metálica y una estructura metálica de 30 metros de altura.
Cabe destacar que, según las autoridades, el costo de instalación y mantenimiento de la antena ilícita supera el medio millón de lempiras, siendo considerada una de las más altas y con mayor capacidad de alcance desmanteladas en el marco de la operación Fe y Esperanza en centros penales.
Las autoridades aseguran que la instalación y el mantenimiento de este equipo habrían sido financiados por organizaciones criminales para fortalecer sus operaciones dentro del recinto penitenciario.
Sobre la operación Fe y Esperanza
La operación Fe y Esperanza inició en 2023, luego de la lamentable masacre ocurrida en la cárcel de mujeres de Támara, en la cual fallecieron alrededor de 46 personas. Desde entonces, se han intensificado las medidas de control en los centros penales del país con el objetivo de desarticular las operaciones ilícitas que se gestan desde su interior.