El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, junto a su esposa, la diputada Iroshka Elvir, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) el viernes 7 de marzo de 2025. La acusación está relacionada con un audio en el que supuestamente se escucha a Fabiola Abudoj dando instrucciones para dañar los dispositivos biométricos utilizados en el proceso electoral.
Según Nasralla, esta grabación es una prueba contundente de un posible fraude electoral, ya que los dispositivos biométricos son clave para garantizar la transparencia en las elecciones primarias. Como parte de la denuncia, se entregó el teléfono móvil con el que se grabó el material, el cual será analizado para verificar su autenticidad. El político afirmó que cualquier alteración en el sistema biométrico afectaría directamente la voluntad del electorado, lo que pondría en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Ante la denuncia, el fiscal general Johel Zelaya ordenó a la Unidad Especial contra Delitos Electorales citar a declarar a los involucrados en la grabación. Entre los llamados a comparecer están Iroshka Elvir, Salvador Nasralla y Josué Colindres, quienes deberán presentar su testimonio y aportar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos. Asimismo, se espera que Fabiola Abudoj brinde su versión ante el MP.
Nasralla también llevó la denuncia ante la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de alertar a la comunidad internacional sobre la presunta manipulación electoral. En sus declaraciones, enfatizó que este tipo de acciones ponen en riesgo la democracia y la credibilidad del sistema electoral hondureño, por lo que considera fundamental la supervisión de organismos internacionales en el desarrollo de las investigaciones.
El fiscal general Johel Zelaya reiteró la importancia de que todas las denuncias se presenten con pruebas sólidas y aseguró que el MP actuará conforme a la ley para esclarecer los hechos. Además, advirtió que la presentación de denuncias falsas o infundadas será sancionada de acuerdo con la normativa vigente.
La denuncia ha generado un intenso debate en el ámbito político y social del país, con distintos sectores exigiendo una investigación a fondo para determinar la veracidad de los hechos y tomar las medidas correspondientes en caso de comprobarse una irregularidad en el proceso electoral. Mientras tanto, la población permanece atenta a los avances del caso, en un contexto electoral cada vez más tenso y polémico.