En medio del creciente debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los comicios generales de noviembre, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, volvió a colocarse en el centro de la controversia al defender su solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener copias de las actas de resultados presidenciales. A juicio del alto mando militar, su petición no constituye una intromisión, sino el cumplimiento de un mandato constitucional.
“Lo que hemos hecho no es injerencia, son facultades que nos otorga la Constitución. Nuestra labor es garantizar el orden, la seguridad y la transparencia del proceso”, declaró Hernández, al recalcar que su intención no es interferir en las competencias del CNE, sino acompañar el desarrollo electoral en el marco de la ley.
El general explicó que, tras la reunión sostenida con las autoridades electorales, presentará la solicitud por escrito, tal como lo pidió la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall. “Ella sugirió que formalizáramos la petición y así lo haremos. Es un planteamiento respetuoso, que quedará en manos del pleno del CNE. Si ellos deciden aprobar o rechazar, nosotros respetaremos su decisión”, expresó.
Sin embargo, sus declaraciones no pasaron inadvertidas. El exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, arremetió duramente contra Hernández, acusándolo de haber perdido su lealtad institucional. “El cabo Roosevelt ya no sirve a la bandera, sino a Libre y al familión”, afirmó. En un mensaje dirigido a los militares, pidió no confundir la obediencia con la subordinación partidaria: “¡No confundan patriotismo con servilismo, ni obediencia con traición a la patria!”.
La controversia también generó reacciones en el ámbito político. El dirigente liberal José Luis Moncada criticó al jefe castrense y le sugirió que reflexione sobre su futuro dentro de la institución. “Mejor que cuente los días que le quedan en las Fuerzas Armadas”, manifestó, al considerar improcedente su acercamiento al órgano electoral.
En paralelo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fijó una postura académica en defensa de la institucionalidad democrática. En su pronunciamiento, recordó que el artículo 272 de la Constitución limita la participación militar al resguardo y la logística del proceso electoral, advirtiendo que cualquier intento de ampliar esas funciones “representaría un retroceso democrático”.
Mientras las críticas se multiplican, Hernández se mantiene firme. Asegura que su propósito es fortalecer la transparencia y que las Fuerzas Armadas continuarán cumpliendo su papel “con respeto a la ley, sin inclinarse ante ningún interés político”. Pero el debate sigue abierto, y su solicitud ha encendido una discusión que toca uno de los pilares más sensibles de la democracia hondureña: el equilibrio entre el poder civil y el militar.
