La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó una denuncia formal ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), en la que solicita una investigación exhaustiva sobre el uso de fondos públicos en actividades proselitistas en el contexto preelectoral rumbo a los comicios generales de noviembre de 2025.
El documento plantea preocupaciones sobre la utilización de recursos del Estado para beneficiar a candidaturas específicas, a través de obras sociales menores, entrega de becas, subvenciones legislativas y otros mecanismos sin control adecuado. Según la RDD, estas prácticas vulneran la equidad electoral y los principios de legalidad y transparencia en el financiamiento político, tal como lo establece la normativa nacional e internacional.
Uno de los ejes centrales de la denuncia se relaciona con la continuidad de las denominadas “subvenciones legislativas”, las cuales al pesar de la derogación del decreto 116-2019 siguen operando sin mecanismos eficaces de fiscalización. A abril de 2025, se reportan más de 400 millones de lempiras transferidos bajo este esquema, sin evidencia clara de ejecución material ni liquidaciones formales, lo que abre la posibilidad de su uso con fines clientelistas, especialmente por congresistas que buscan la reelección.
La denuncia se fortalece con la reciente circulación de un video en redes sociales, donde se escucha a una diputada y actual candidata a la reelección por el partido Libre, dialogar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sobre la entrega de kits valorados en más de 125,000 lempiras cada uno. La RDD advierte que este tipo de distribución podría constituir una ventaja electoral indebida, contraria a las reglas que rigen el uso de fondos públicos durante procesos electorales.
Además, la organización hace referencia a las asignaciones incluidas en el Presupuesto General de la República para los años fiscales 2023, 2024 y 2025, que autoriza hasta 950 millones de lempiras anuales para financiar infraestructura menor y programas sociales impulsados por estructuras comunitarias. Aunque estos fondos están destinados a apoyar sectores vulnerables, la falta de supervisión efectiva plantea un alto riesgo de manipulación con fines político-electorales.
La RDD subraya que el uso discrecional de estos recursos públicos puede distorsionar la voluntad ciudadana y socavar la integridad del proceso electoral, por lo que exige acciones concretas por parte de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la legalidad en el uso de los fondos estatales.
