Las principales organizaciones del sector privado hondureño, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), manifestaron su profunda preocupación ante la crisis institucional que amenaza el desarrollo del proceso electoral previsto para el 30 de noviembre. En una firme postura pública, exigieron el respeto irrestricto al calendario electoral y el funcionamiento independiente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ambas entidades reaccionaron tras los recientes incidentes que obstaculizaron el trabajo técnico del CNE, incluyendo la toma de sus instalaciones por parte de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo cual impidió la recepción de ofertas para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta clave para garantizar transparencia en los comicios.
Desde Tegucigalpa, la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, instó a todos los sectores políticos y sociales a permitir que el CNE continúe su labor sin presiones indebidas.
“El país necesita tranquilidad y reglas claras. El 30 de noviembre debe vivirse como una verdadera fiesta democrática”.
Anabel Gallardo, presidenta del COHEP.
Gallardo enfatizó que el sector privado respalda plenamente el trabajo técnico que desarrollan las consejeras del ente electoral. A su juicio, impedir el avance del cronograma solo incrementa la incertidumbre, en un contexto ya marcado por desafíos económicos y sociales, como la posible repatriación de miles de hondureños afectados por la cancelación del TPS en Estados Unidos.
En la misma línea, la CCIC, con sede en San Pedro Sula, lamentó los hechos que impidieron el desarrollo normal de las actividades en el CNE y advirtió que dichas acciones podrían constituir delitos contra la institucionalidad democrática. Su presidente, Karim Qubain, fue tajante al criticar el comportamiento de ciertos actores políticos.
“No se puede gobernar irrespetando la ley. Sin leyes, esto es una jungla”.
Karim Qubain, presidente de CCIC.
Qubain también cuestionó la inacción de las autoridades responsables de resguardar las instituciones, aludiendo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que por mandato constitucional deben proteger el orden democrático.
Tanto el Cohep como la CCIC coincidieron en que la defensa de la democracia debe ser un compromiso nacional y que ningún interés político puede estar por encima del respeto a la institucionalidad. Además, demandaron que se tomen medidas inmediatas para evitar nuevos bloqueos o interferencias que comprometan la legitimidad del proceso electoral.
Finalmente, hicieron un llamado conjunto a las fuerzas políticas, al Estado y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y madurez, priorizando el bienestar del país por encima de cualquier agenda partidaria.
