La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) manifestó su inquietud por las recientes actuaciones del Ministerio Público de Honduras, las cuales podrían afectar la autonomía de las autoridades electorales. Según la misión, la protección de la integridad de estos funcionarios y de sus familias es un requisito indispensable para garantizar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, la MOE/OEA resaltó que la seguridad personal de los miembros de la autoridad electoral constituye una responsabilidad central del Estado y un elemento esencial para el desarrollo de elecciones libres y transparentes.
El organismo internacional enfatizó la necesidad de que las instituciones hondureñas, especialmente los órganos de justicia, aseguren que ningún funcionario electoral sea objeto de persecuciones derivadas de su labor. La Misión advirtió que cualquier acción que comprometa la confianza pública en el sistema democrático debe detenerse de inmediato.
Durante su seguimiento al proceso electoral, la MOE/OEA ha registrado declaraciones y acciones que, de manera casi diaria, generan incertidumbre y podrían desestabilizar el desarrollo de las elecciones. Ante ello, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a canalizar sus esfuerzos de manera constructiva, en favor de la democracia en Honduras.
Además, la Misión subrayó la importancia de que las Fuerzas Armadas del país brinden apoyo técnico a la autoridad electoral, siguiendo la práctica establecida en procesos anteriores y conforme a la Constitución de la República. Este respaldo es considerado clave para garantizar la correcta ejecución de los comicios.
Con miras a las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, la MOE/OEA indicó que continuará realizando un seguimiento detallado de las actividades relacionadas con el proceso electoral, desplegando observadores en todo el territorio nacional.
Finalmente, la Misión reafirmó su compromiso de contribuir a la transparencia y legitimidad del proceso electoral hondureño, insistiendo en que la protección de los funcionarios y la colaboración institucional son esenciales para la consolidación de la democracia.
