El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, cuestionó la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) al señalar que el organismo incumplió su obligación legal de resolver en tiempo y forma las solicitudes de recuento y revisión presentadas por su movimiento, antes de certificar los resultados del proceso electoral.
A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales bajo el título “No fui, no soy ni seré comunista”, Nasralla sostuvo que la certificación de resultados sin evacuar los recursos pendientes vulnera principios fundamentales del derecho electoral, al afectar el debido proceso, quebrar la cadena de legalidad y abrir la posibilidad de nulidad parcial o total del acto electoral, recordando además que el Tribunal de Justicia Electoral ha sido estricto en casos de certificaciones anticipadas.
El ingeniero afirmó que, según el análisis jurídico de su equipo legal, los recursos interpuestos eran plenamente procedentes, pero la vía administrativa fue ignorada, lo que a su criterio significó una falta de respeto a la voluntad de aproximadamente dos millones de votantes que esperaban una revisión transparente de las inconsistencias señaladas.
Nasralla advirtió que el silencio del CNE no puede considerarse inocuo, ya que en materia electoral habilita la figura de la negativa ficta y permite acudir a la jurisdicción electoral como único camino legal disponible, ante la falta de respuesta de la autoridad administrativa.
Asimismo, calificó como grave el fondo del reclamo al denunciar la omisión total o parcial del uso del dispositivo biométrico en cerca de 15,000 de las 19,164 Juntas Receptoras de Votos, lo que, según expuso, constituye una violación directa a la Ley Electoral y una irregularidad que compromete la validez del proceso.
Finalmente, señaló que pese a la existencia de alrededor de 10,000 urnas con inconsistencias y múltiples impugnaciones pendientes antes del 24 de diciembre, el CNE procedió a certificar los resultados y declarar ganador a Nasry Asfura, una decisión que, afirmó, vicia el acto electoral y compromete la legalidad del proceso, por lo que reiteró que el recuento físico jurisdiccional y otras acciones legales buscan restablecer la certeza del voto y no responden a intereses políticos.
