El Ministerio Público (MP) abrió un expediente de oficio para analizar el uso de más de 150 millones de lempiras en fondos estatales que fueron transferidos a organizaciones no gubernamentales (ONG), mediante convenios gestionados por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
La transferencia de los recursos se realizó a través del Fondo de Administración Solidaria, conocido como “fondo departamental”, un mecanismo utilizado para financiar proyectos comunitarios. Sin embargo, las ONG beneficiadas fueron constituidas recientemente y presentan irregularidades en su funcionamiento, ejecución de obras y vínculos con los legisladores que impulsaron su financiamiento.
El expediente está en etapa preliminar. En esta fase, el MP recopila y analiza documentación para determinar si hay fundamentos jurídicos que justifiquen el inicio de una investigación penal formal.
Entre las ONG que recibieron mayores asignaciones se encuentran Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE). AMO, registrada en 2023, recibió aproximadamente 76.8 millones de lempiras, mientras que MUE, creada en 2021, obtuvo cerca de 75.7 millones. Ambas fueron respaldadas por congresistas de Libre para gestionar los fondos ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Además de los cuestionamientos por la falta de experiencia de las organizaciones, también se ha señalado que algunas de sus directivas están integradas por personas con vínculos familiares o cercanos a los diputados que promovieron los convenios, lo que ha despertado sospechas de conflicto de interés.
La Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realiza en paralelo una revisión administrativa, cuyo informe se espera sea presentado esta semana, por instrucciones del Poder Ejecutivo.
Hasta el momento, ni el Congreso Nacional ni la Secretaría de Gobernación han emitido declaraciones oficiales sobre las transferencias ni sobre el proceso de supervisión de los fondos.
El MP continúa con el análisis técnico y documental del caso dentro de la fase preliminar del expediente abierto. Este proceso implica la revisión de convenios, trazabilidad de los fondos, ejecución de los proyectos reportados y los vínculos entre los actores involucrados. Solo una vez agotada esta etapa, el ente acusador determinará si existen elementos suficientes para judicializar el caso y presentar requerimientos fiscales ante los tribunales competentes.
