La repentina y trágica muerte de Mayra Alejandra Tercero Acosta, reconocida presentadora de televisión, bailarina y estudiante de Odontología de 31 años, ha causado una profunda conmoción en Honduras y ha puesto bajo la lupa el actuar de una clínica privada capitalina, actualmente investigada por posible mala praxis médica.

Mayra falleció la madrugada del domingo 13 de julio, horas después de haber acudido por un fuerte dolor abdominal a un centro médico privado. Según reportes preliminares, fue trasladada al Hospital Escuela, adonde llegó sin signos vitales. La falta de información clara sobre su atención médica ha generado una ola de dudas e indignación entre la ciudadanía.

El Ministerio Público clasificó el caso como una “muerte indeterminada” y ordenó una autopsia médico-legal. Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense recolectaron pruebas científicas, incluyendo análisis histopatológicos, genéticos y toxicológicos, para determinar con exactitud la causa del fallecimiento. Aunque los resultados aún están pendientes, la hipótesis de negligencia médica ha cobrado fuerza, en especial entre sus familiares, quienes denuncian irregularidades en el tratamiento que recibió.

Como parte de la investigación, las autoridades allanaron la clínica donde Mayra fue atendida horas antes de morir. En el operativo, se decomisaron expedientes médicos y otros documentos clínicos clave para esclarecer si hubo fallas en la atención. La vocera del Ministerio Público, Isa Alvarado, afirmó que no se descarta ninguna línea de investigación y que el análisis científico será fundamental para esclarecer los hechos.

La noticia ha generado una fuerte reacción pública. Figuras del espectáculo, colegas del medio televisivo, excompañeros de programas como Calle 7, y cientos de ciudadanos han expresado su consternación y solidaridad con la familia de Mayra. Su historia de esfuerzo y superación, su carrera televisiva y su dedicación académica en la UNAH la convirtieron en una figura muy querida.

En redes sociales, la indignación ha ido en aumento. Numerosas voces exigen justicia y piden al Ministerio Público que actúe con transparencia y rigor ante un caso que ha sacudido al país.

El fallecimiento de Mayra ha reavivado el debate sobre la supervisión de los centros médicos privados y la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización en el sistema de salud hondureño. Para muchos, su caso representa una alerta nacional sobre la necesidad de evitar que tragedias similares queden impunes.

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