Una reciente disposición del gobierno hondureño ha generado un intenso debate público: el libro El Golpe 28J, escrito por el expresidente Manuel Zelaya Rosales y la actual Ministra de Defensa, Rixi Moncada, ha sido incorporado como lectura obligatoria en todas las escuelas públicas del país.
La medida fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo número 14-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 24 de marzo. En el decreto, se instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para su implementación, así como a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para la impresión del texto.
El texto, titulado El Golpe 28J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad, narra los acontecimientos del 28 de junio de 2009, fecha en que Zelaya fue removido del poder en un golpe de Estado. La obra, de unas 86 páginas, relata con detalle el desarrollo del suceso y sus consecuencias políticas y sociales, así como la fallida implementación del proyecto de la Cuarta Urna.
Durante su presentación, el exmandatario explicó que el libro incluye episodios clave como su detención. Además, la obra también recoge testimonios de víctimas, familiares y otros actores involucrados, así como una cronología de los eventos posteriores al derrocamiento.
Zelaya, quien actualmente funge como asesor presidencial de Xiomara Castro, defendió la decisión gubernamental de introducir la obra en el currículo escolar.
Dejen que Xiomara gobierne, si ella decide publicarlo, está facultada para hacerlo.
Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras.
La polémica no tardó en escalar. Mientras algunos sectores consideran la medida un acto de memoria histórica, otros la acusan de tener fines políticos. En respuesta a las críticas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respaldó públicamente la inclusión del libro en las aulas. Según él, “ninguna amnistía o autoamnistía va a poder cobijar o encubrir los delitos cometidos de homicidio, asesinatos, torturas, traición a la patria, lesa humanidad, entre otros”, durante el golpe de Estado.
Redondo enfatizó la necesidad de preservar la verdad histórica frente a lo que considera una campaña de desinformación. “Te han mentido y lo seguirán haciendo. No caigas en su red de engaños”, advirtió. Además, subrayó que los responsables del golpe deben rendir cuentas “ante el país, las víctimas y la historia”.
No obstante, desde el gobierno también surgieron aclaraciones que matizan la medida. José Cardona, secretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), explicó que el decreto no establece una obligatoriedad estricta.
El PCM lo que dice es que se debe incluir el tema del golpe de Estado en la cátedra morazanica y que el libro se debe distribuir en las escuelas, pero en ningún momento es de obligatoria lectura.
José Cardona, secretario de Sedesol.
Asimismo, agregó que resulta impracticable obligar a dos millones de niños a leer un libro que no ha sido impreso en tales cantidades, ya que “es muy caro” y no está prevista su producción masiva.
La decisión del gobierno de Xiomara Castro ha provocado reacciones encontradas en la sociedad civil, la academia y el ámbito político. Mientras algunos lo ven como un paso necesario para educar a las nuevas generaciones sobre un capítulo oscuro del país, otros alertan sobre un posible uso ideológico de la educación pública.
Con la distribución ya en marcha, queda por verse cómo responderán las comunidades educativas y qué impacto tendrá esta narrativa oficial en la formación de los jóvenes hondureños.
