La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia analiza un recurso de amparo interpuesto contra el decreto ejecutivo PCM‑37‑2025, que extiende el estado de excepción parcial en Honduras. La medida restringe derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre locomoción, la libertad de asociación y la inviolabilidad del domicilio, generando preocupación sobre posibles efectos durante el próximo proceso electoral.
El recurso fue presentado por Gustavo Rafael Solórzano Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, quien sostiene que la prórroga de esta medida vulnera garantías constitucionales y podría afectar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. La Sala de lo Constitucional debe decidir si admite o no el amparo, lo que definirá el futuro inmediato de la medida.
Durante la sesión, tres de los cinco magistrados mostraron disposición a admitir el recurso, mientras que los otros dos pidieron más tiempo para estudiar los alcances legales del caso, por lo que aún no existe una resolución definitiva. Esta deliberación refleja la complejidad del asunto y el equilibrio que busca la Corte entre la seguridad pública y los derechos constitucionales.
El estado de excepción se mantiene vigente desde diciembre de 2022 con el objetivo de combatir la criminalidad organizada, especialmente la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana. Hasta la fecha, esta es la extensión número 25 de la medida, lo que ha generado críticas de sectores nacionales e internacionales sobre su prolongada vigencia y sus efectos sobre las libertades civiles.
Los abogados recurrentes alertan que mantener la medida activa durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre podría limitar derechos electorales y la participación ciudadana, generando un debate sobre la proporcionalidad y necesidad de la prórroga. La decisión de la Sala será clave para determinar si el estado de excepción se mantiene, se modifica o se limita en el corto plazo.
Mientras tanto, se mantienen activos al menos otros dos recursos adicionales presentados ante la misma Sala contra el mismo decreto, lo que indica un creciente interés de diversos sectores en garantizar que la medida no afecte los derechos constitucionales de los hondureños durante el proceso electoral.
