El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó requerimiento fiscal contra el exsubgerente de compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Alberto Zelaya Guevara, y el empresario Elmer Antonio Rubí Rivera, representante legal de la empresa Distribuciones Médicas DISUMED.
Según la investigación, entre 2010 y 2014, Zelaya Guevara adjudicó cinco compras directas fraccionadas a la empresa DISUMED por un total de 893,750 lempiras, violando lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, que prohíbe fraccionar adquisiciones para evadir procesos de licitación pública.
Además del posible fraude en las contrataciones, el Ministerio Público detectó movimientos financieros sospechosos vinculados a Elmer Rubí. En el requerimiento se detalla que el empresario recibió 2,490,750 lempiras mediante cheques emitidos por empresas pantalla, los cuales fueron cobrados a nombre de su madre, con el aparente propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos, configurando así el delito de lavado de activos.
DISUMED, empresa favorecida con estas compras, fue señalada por haber obtenido contratos de forma irregular durante el periodo en que el IHSS fue objeto de múltiples desfalcos. En este caso específico, los fiscales consideran que se usó un esquema de corrupción que incluyó abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, y maniobras para el blanqueo de capitales.
El Ministerio Público indicó que la acusación es parte del seguimiento a la línea de casos derivados del megafraude en el IHSS, por ello el proceso continuará su curso en los tribunales correspondientes.
Este nuevo expediente refuerza la postura del ente acusador del Estado de no permitir impunidad en casos de corrupción que involucran recursos destinados a la salud pública.
