El Ministerio Público formalizó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial, al haber emitido resoluciones contrarias a la ley en el marco de un proceso de inscripción de candidatos al Congreso Nacional.
Según la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, los funcionarios ordenaron de forma irregular al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como aspirantes a diputados, sin contar con el quórum necesario ni seguir el procedimiento que exige la Ley Orgánica y Procesal Electoral. Entre las irregularidades señaladas se incluye la participación del magistrado Flores Urrutia en una resolución pese a estar legalmente recusado, una actuación expresamente prohibida por la ley.
El Ministerio Público recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la solicitud de antejuicio presentada por los magistrados del TJE, al determinar que no gozan de la misma protección legal que los magistrados de la CSJ. En consecuencia, el caso podrá ser conocido directamente por un juez natural.
La Fiscalía sostiene que estas resoluciones, dictadas el 27 y 28 de octubre, carecen de validez jurídica por haberse emitido sin la integración completa del tribunal y en contravención de los procedimientos legales establecidos.
Esta acción judicial ocurre en medio de un clima político delicado, a pocas semanas de un nuevo proceso electoral. Analistas consideran que el caso podría tener un impacto significativo en la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y legalidad de los comicios, especialmente en un contexto donde el TJE representa la máxima autoridad en materia de justicia electoral.
