La Supervisora General de Tribunales de Justicia, la abogada Sandra Rodríguez detalló que el informe fue entregado a la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de la intervención ordenada al Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente el pasado 18 de agosto de 2024.
Comentó que se revisaron 1,068 expedientes los cuales se registraron al momento de ejecutarse la unificación de cada uno de los órganos competentes, 701 expedientes de los cuales 598 corresponden a requerimientos fiscales y 103 a diligencias previas.
Rodríguez citó que la Supervisión General, ordenó la apertura de investigación en 12 causas por diferentes situaciones, entre las que destacan el otorgamiento de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva que son contrarias a la reforma procesal al respecto.
De las 12 denuncias, igual número de funcionarios judiciales pueden estar involucrados en acciones u omisiones.
Asimismo, se investigan las causas que se otorgó garantía hipotecaria y que se verificó que la misma no fue inscrita a favor del Estado de Honduras.
La funcionaria judicial informó que se nombró a un nuevo coordinador del circuito anticorrupción, que incluso ya está en funciones, también se recomendó la rotación del personal y redistribución de las cargas en los cinco despachos que funcionan en esa sede judicial.
También se encontraron situaciones de retardo injustificado en la remisión a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional de los recursos interpuestos por las partes procesales intervinientes en las causas. Igualmente, el señalamiento tardío de audiencias preliminares que derivaron en el vencimiento de prisión preventiva con el riesgo de poner en libertad a los imputados.
La titular de la Supervisión General del Poder Judicial, recordó que desde el 2024 suman ya 77 servidores sancionados, de los cuales 19 fueron despidos y otros cancelados.
Sostuvo que producto de las investigaciones se han identificado faltas graves que han provocado el despido de los servidores judiciales.
