La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimientos fiscales contra ocho personas involucradas en distintos actos de corrupción, destacando un millonario fraude en perjuicio de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) por más de 64.6 millones de lempiras.
Tres personas ya fueron capturadas en relación a este caso: Susan Tatiana Aguilar Fortín, Héctor Emilio Mejía Rivera y María Débora Guevara. Las investigaciones del Ministerio Público indican que el fraude fue ejecutado en 2011, cuando exfuncionarios de Hondutel, en complicidad con representantes de empresas extranjeras, manipularon contratos de llamadas internacionales en modalidad prepago.
Según las autoridades, los involucrados alteraron registros de cobro, reportando montos inferiores a los pactados y beneficiando así a terceros. A cambio de estos actos ilícitos, se presume que recibieron pagos millonarios mediante transferencias bancarias realizadas a cuentas de familiares.
Más requerimientos fiscales por corrupción y falsificación
En una causa independiente, la fiscalía imputó a Óscar Andrés Pineda Suazo, excoordinador del Área Civil de la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Se le acusa de haber utilizado información obtenida durante su gestión, ya cesado en el cargo, en beneficio propio como parte de un proceso legal.
Asimismo, se presentó un requerimiento contra Fredy Omar Aragón Zacapa, exgerente municipal de Gracias, Lempira, por los delitos de falsificación de documentos y ejercicio anticipado de funciones públicas. La acusación sostiene que presentó credenciales académicas falsas para asumir el puesto: un título de bachiller y uno universitario que, según la fiscalía, no son legítimos.
Finalmente, Erika Iveth García Laboriel, quien laboraba como Técnica Registral 4.3 del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Trujillo, Colón, enfrenta cargos por falsificación de documento público. La fiscalía afirma que alteró de forma irregular la fecha de inscripción de defunción de un ciudadano.
Estos casos forman parte de las acciones que el Ministerio Público ejecuta como parte de su lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector público hondureño.
