Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, admitió ante la Corte del Distrito Sur de Florida que recibió 114,000 dólares en sobornos relacionados con contratos de uniformes para la Policía Nacional de Honduras. La declaración forma parte del juicio contra el empresario estadounidense Carl Zaglin, acusado de liderar un esquema de corrupción y lavado de activos a nivel internacional.
El fideicomiso de la Tasa de Seguridad, creado para administrar recursos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana, se vio afectado por adjudicaciones irregulares de contratos a empresas fachada. Molina Rodríguez reconoció haber recibido pagos irregulares a cambio de favorecer la adjudicación de ciertos contratos.
La Fiscalía estadounidense ha detallado que el caso involucra a más de 17 testigos y ha permitido reconstruir cómo se realizaron los sobornos y las triangulaciones financieras. Entre los señalados en la investigación se encuentran Francisco Cosenza, exdirector del fideicomiso, y Luis Berkman, exvicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, quienes también confesaron haber participado en el esquema para garantizar contratos millonarios mediante pagos ilícitos entre 2015 y 2016.
El caso ha puesto de relieve la debilidad de los mecanismos de control sobre los recursos del fideicomiso, generando cuestionamientos sobre la supervisión interna y la transparencia en la administración de fondos públicos. El Ministerio Público de Honduras enfrenta ahora la presión de investigar los hechos y coordinar acciones judiciales que esclarezcan los desvíos denunciados.
Entre las acciones recientes se incluyen requerimientos fiscales y la aseguración de bienes, cuentas bancarias y sociedades mercantiles vinculadas a Molina Rodríguez y a la empresaria Liana María Castillo Mayorga, gerente de Plasticards S.A., una de las compañías beneficiadas con contratos cuestionados.
Este caso evidencia cómo los fondos públicos destinados a la seguridad ciudadana pueden ser vulnerables a la corrupción y al lavado de activos, y subraya la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos estatales. Las confesiones de Molina Rodríguez han revelado detalles clave sobre la participación de distintos actores en la desviación de fondos y sobre el funcionamiento del esquema que ahora se juzga en Estados Unidos.
